Alerta por asesinato de 16 policías y militares en los últimos días: requerimiento al ministro de Defensa

Al documentar los recientes asesinatos de policías y uniformados en Colombia durante los últimos días, la Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones al ministro de Defensa Pedro Sánchez.

En concreto  por el asesinato de dos policías en Simití, Bolívar; de un policia en Taraza, Antioquia. Además durante Semana Santa, el crimen asesinato de seis policías; tres en Antioquia (Salgar, Chigorodó y Apartadó), uno en Cartagena y uno en Lourdes, Norte de Santander.

A estos hechos se suma el homicidio  de dos miembros del Ejército Nacional en el departamento del Cauca mediante modalidad sicarial.

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También ataques reportados el 25 de abril en Tarazá y Remedios, Antioquia, contra miembros de la Policía Nacional.

Adicionalmente, dice la comunicación de la Procuraduría que el 26 de abril, se tuvo conocimiento, mediante comunicado de prensa del Ejército Nacional, del atentado contra un pelotón del Batallón de Infantería N.° 22 Joaquín París, encargado de la seguridad del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, en el departamento del Guaviare, donde fallecieron varios uniformados y hasta la fecha continúa desaparecido el soldado profesional Jean Carlos Bolano Romo.

De acuerdo con el referido comunicado, el ataque fue atribuido a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) "Jorge Suárez Briceño", perteneciente a las disidencias lideradas por alias "Calarcá", estructura con la cual el Gobierno nacional mantiene suspendidas las operaciones militares ofensivas, en virtud del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025.

Dicho decreto dispuso la suspensión de operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de Policía, sin perjuicio del deber constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio, garantizar el orden constitucional y legal, y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Los hechos descritos, de ser confirmados, podrían evidenciar un presunto incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos y protocolos suscritos en el marco de la mesa de diálogo y negociación con el Estado Mayor Central de bloques y frentes de las Farc (Embyf-Farc-ep).

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De confirmarse los hechos descritos, estos podrían constituir una grave infracción al derecho internacional humanitario por parte de grupos armados organizados, afectando mayoritariamente a patrulleros, subintendentes y soldados de la Fuerza Pública.

Igualmente, las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto al mantenimiento del orden y la convivencia pacífica.

Reconociendo que los soldados y policías desempeñan un papel esencial en la protección de la sociedad, resulta prioritario garantizar su vida, integridad y condiciones de servicio.

Las preguntas

En este contexto, la Procuraduría solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remitir un informe detallado sobre diversos acontecimientos.

Por ejemplo, un informe  oficial sobre los hechos mencionados en medios de comunicación y comunicados de prensa, relacionados con el denominado "plan pistola", describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

También preguntó el Ministerio Público: ¿Qué criterios técnicos, jurídicos e institucionales prevé implementar o aplicar el Gobierno nacional para fortalecer la protección de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, particularmente en zonas de alta afectación al orden público?

¿Qué medidas se han adoptado frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, relativas a riesgos para la Fuerza Pública en el contexto de los decretos de cese al fuego?

¿Qué parámetros se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra los uniformados?

¿Qué procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo han implementado el Ejército Nacional y la Policía Nacional para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida de sus integrantes?

¿Qué estrategias de coordinación interinstitucional se han puesto en marcha para mejorar la protección de los uniformados en zonas rurales o de especial vulnerabilidad?

“Se ha contemplado la posibilidad de modificar o revocar el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025 en caso de determinarse que el mismo genera vulnerabilidad a la seguridad de los miembros de la fuerza pública”, finaliza el requerimiento de la Procuraduría que debe ser respondido en un término no superior a tres días. 

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