Ponen contra las cuerdas a comisionado de paz Danilo Rueda por lío de 2.000 familias

La Procuraduría General de la Nación requirió información al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, así como al ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, sobre las acciones implementadas para garantizar la seguridad y protección de al menos 2.000 familias que se encuentran confinadas en el corregimiento Piñuña Blanco, jurisdicción de Puerto Asís, Putumayo, por los combates que sostienen facciones de grupos al margen de la ley en esa región. 

En comunicación enviada por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el Ministerio Público señaló que esa situación, que se presenta desde el 12 de septiembre último, ha generado el desplazamiento de las comunidades de los resguardos indígenas Siona Buenavista y Kwe’sx Yu Kiwe, así como de los habitantes de 16 veredas cercanas, entre las que se cuentan San Ignacio, El Silencio y Alto Piñuña, entre otras. 

De acuerdo con información recopilada por la delegada, entre los afectados se encuentran 421 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, así como adultos mayores, varios de ellos con condiciones médicas especiales que requieren atención prioritaria. 

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El órgano de control también pidió información acerca de la atención brindada a otras 39 personas, integrantes de al menos 19 familias, que se desplazaron desde la vereda Vegas del Piñuña, del municipio de Puerto Caicedo, hasta la cabecera de Puerto Asís, tras ser víctimas de diferentes acciones derivadas del conflicto armado en esa zona. 

Las comunidades que llegaron a Puerto Asís denunciaron que miembros de uno de los grupos ilegales que se encuentra en la zona quemaron la vivienda de una de las familias desplazadas. 

Por esos hechos, la Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz solicitó a los funcionarios informar, además, si ya se han iniciado acciones de articulación entre la Oficina del Alto Comisionado, el Ministerio de Defensa, la Brigada 27 del Ejército, la Policía Nacional y las autoridades locales para garantizar las condiciones de seguridad óptimas que permitan el ingreso de las ayudas humanitarias, así como de las brigadas de salud y atención psicosocial para brindar apoyo a las comunidades afectadas. 

Por esa misma situación, el Ministerio Público requirió a la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, informar en qué estado se encuentra la activación de la estrategia de corresponsabilidad para atender la grave situación humanitaria que se presenta, considerando que el municipio de Puerto Asís y la Gobernación del Putumayo no cuentan con los recursos suficientes para su atención.

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