Polémica: Presidente de Sala Penal de la Corte Suprema insiste en incluir a un hombre en terna para fiscal general

El presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerardo Botero Zuluaga, intensifica su defensa tras la controversia generada por su solicitud de incluir un hombre en la lista de candidatos para fiscal y las críticas recibidas, principalmente del presidente Gustavo Petro. Botero enfrenta acusaciones de misoginia a raíz de sus comentarios y acciones.

En el centro de este debate se encuentra la terna propuesta por el presidente Petro, compuesta exclusivamente por mujeres, para suceder a Francisco Barbosa Delgado en el período 2024-2028. La lista incluye a las abogadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo.

Botero Zuluaga presentó una extensión de su tutela contra Petro ante el Consejo de Estado el 17 de octubre de 2023, señalando que sus derechos al buen nombre, libertad de expresión y opinión se vieron afectados. 

El conflicto surgió después de que Botero expresara su deseo de que se incluyera un hombre en la terna para fiscal, argumentando que la exclusión de candidatos masculinos contradice los principios de equidad e igualdad de género.

El presidente Petro reaccionó convocando a activistas feministas y otros grupos interesados para discutir el asunto. En una publicación en su perfil de X (anteriormente Twitter), Petro subrayó la importancia de la discriminación positiva para abordar la desigualdad social histórica. Esta postura no fue bien recibida por Botero, quien sintió que sus derechos fundamentales estaban siendo invadidos.

Botero sostiene que ha sido etiquetado injustamente y que su solicitud se basa en preocupaciones legales y de derechos, no en una agenda anti-feminista. La controversia ha generado un debate significativo en las redes sociales y otros espacios públicos sobre la igualdad de género, los derechos individuales y el papel del gobierno en la corrección de desigualdades históricas.

Este asunto se torna más complejo tras la decisión del Consejo de Estado de solicitar a Botero que aclare su posición y proporcione más información sobre sus motivos. Esto sugiere una exploración más profunda de las implicancias legales y sociales del caso.

Le puede interesar: