Petro propondría Constituyente si la Corte tumba decreto de consulta popular

El presidente Gustavo Petro anunció que, en caso de que la Corte Constitucional anule el decreto que convoca a la consulta popular del 7 de agosto, su gobierno impulsará una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa ciudadana. La advertencia fue hecha la misma noche en que firmó el decreto, previamente negado por el Senado el 14 de mayo, y ha generado preocupación entre sectores políticos y jurídicos por sus implicaciones institucionales.

En entrevista con CNN en Español desde Cali, Petro sostuvo que si la Corte tumba el decreto, buscará recolectar ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta. De repetirse una negativa, planteó que el único camino posible sería una Constituyente. “Ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo, enfatizando que esta no lo beneficiaría personalmente, dado que su mandato estaría próximo a finalizar.

El Gobierno insiste en que esta vía es necesaria para destrabar las reformas sociales, como la laboral, que no ha logrado el consenso requerido en el Congreso. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aún no ha sido posesionado, respaldó públicamente la iniciativa y argumentó que es momento de implementar “reformas radicales”. Montealegre fue uno de los redactores del decreto cuestionado y ahora promueve la idea de la Constituyente como una alternativa legítima.

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Sin embargo, la propuesta ha sido calificada por críticos como una amenaza institucional. Diversas voces señalan que insistir en la consulta, pese a haber sido negada por el Senado, representa una presión indebida sobre el Congreso. Además, se cuestiona por qué el propio bloque oficialista no ha respaldado el articulado de la reforma en los debates legislativos, pese a que actualmente avanza su discusión en el Senado.

Desde el ámbito jurídico, expertos como el exregistrador Juan Carlos Galindo señalan que la convocatoria a una Constituyente, incluso por iniciativa popular, requeriría la aprobación de una ley por parte del Congreso y la revisión previa de la Corte Constitucional. Es decir, el mismo procedimiento que el Gobierno busca evitar sería necesario para activar el nuevo mecanismo, lo que plantea un callejón legal sin salida y una posible ruptura del equilibrio de poderes.

A la par, ocho partidos interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del decreto por considerar que viola la Constitución. En su recurso argumentan que se está desconociendo la decisión del Senado, incurriendo en extralimitación de funciones presidenciales y vulnerando el Estado de derecho. La discusión jurídica y política sobre el alcance del decreto y la viabilidad de una Constituyente apenas comienza.

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