Persisten controversias por elección en el CNE mientras el petrismo niega vínculo con Álvaro Echeverry

La designación del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), en reemplazo de César Lorduy, ha generado nuevas tensiones entre sectores políticos del Congreso de la República.

Las dudas sobre la filiación política de uno de los aspirantes, así como las afirmaciones sobre una supuesta intención de favorecer al Gobierno en esta elección, han intensificado los cuestionamientos alrededor del proceso.

Uno de los principales puntos de discusión se ha centrado en el nombre de Álvaro Echeverry, quien figura como uno de los dos postulados para ocupar el cargo vacante.

Diversos sectores de la oposición han manifestado preocupación por lo que consideran una posible estrategia para consolidar la influencia del presidente Gustavo Petro y del movimiento político que lo respalda, el denominado Pacto Histórico, dentro de ese organismo.

Frente a esas afirmaciones, la senadora María José Pizarro, integrante de dicha coalición, afirmó que su bancada no ha presentado aspirante alguno para la elección en curso.

Según explicó, Echeverry no fue propuesto por el Pacto Histórico, ni representa sus intereses dentro del actual proceso de selección.

La congresista sostuvo que el mencionado abogado cuenta con una trayectoria política asociada a otras colectividades, en particular al Partido de la U, donde ocupó funciones de dirección.

De acuerdo con su testimonio, el aspirante ha mantenido relaciones con distintos sectores del espectro político, lo cual, a su juicio, refleja una trayectoria amplia y ajena a una única corriente.

En su intervención, Pizarro destacó que la representación del movimiento que apoya al actual Gobierno ya está garantizada en el Consejo Nacional Electoral, a través de dos magistradas en ejercicio: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Señaló que estas personas fueron electas dentro de una fórmula distinta a la que postuló a Echeverry, quien, según la senadora, fue inscrito en una plancha promovida por otra vertiente política, la misma que respaldó en su momento a César Lorduy.

No obstante, persisten elementos que han alimentado la controversia. En los perfiles en redes sociales de Álvaro Echeverry, especialmente en su cuenta de X (antes Twitter), aparecen publicaciones que aluden al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a símbolos gráficos relacionados con el Pacto Histórico.

Además, durante el proceso electoral legislativo de 2022, Echeverry actuó como apoderado de ese movimiento político en las reclamaciones que se presentaron por presuntas inconsistencias en el conteo de votos.

Esa participación jurídica derivó en la recuperación de un número significativo de sufragios para los candidatos de dicha coalición.

A pesar de que no existe una confirmación oficial que vincule directamente al candidato con el actual Ejecutivo, sectores como el Centro Democrático han reiterado su preocupación.

Este partido ha solicitado que se suspenda el procedimiento de elección hasta tanto no se esclarezca por completo el panorama sobre las relaciones políticas del aspirante.

Echeverry es egresado de la Universidad de Caldas, donde obtuvo su título de abogado. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos de relevancia:​

Director del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (1983-2008): Durante 25 años, gestionó los recursos financieros destinados a la organización de procesos electorales en Colombia.​

Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (2009): Integró el máximo órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial, aportando su experiencia en la supervisión y disciplina de la judicatura.​

Contralor Provincial (2011-2014): Ejerció funciones de control fiscal en el ámbito regional, velando por la correcta utilización de los recursos públicos.​
Director Administrativo del Ministerio del Interior (2013-2017):

Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se encargó de la gestión administrativa de esta cartera, coordinando asuntos internos y apoyando la formulación de políticas públicas.​

Secretario del Partido de la U (2017-2020): En este rol, trabajó estrechamente con figuras políticas como Roy Barreras y Armando Benedetti, desempeñando un papel clave en la estructuración y organización interna del partido.​

La experiencia acumulada en estos cargos le otorgó a Echeverry un conocimiento profundo de los procesos electorales y una red de contactos influyentes en el ámbito político colombiano.​

En junio de 2021, Roy Barreras facilitó una reunión entre Álvaro Echeverry y Gustavo Petro, líder del movimiento político Pacto Histórico.

El objetivo era que Echeverry asumiera la responsabilidad de supervisar y proteger los votos de la coalición en las elecciones legislativas de 2022.

Consciente de las complejidades y desafíos que implica el sistema electoral colombiano, Petro confió en la experiencia de Echeverry para garantizar la transparencia y precisión en el conteo de votos.​

Para enfrentar esta tarea, Echeverry estableció una oficina que denominó la “Fábrica de reclamaciones”. Al frente de un equipo compuesto por más de cien personas, implementó un software de inteligencia artificial diseñado para identificar inconsistencias y ausencias de sufragios en las mesas de votación.

Este enfoque innovador permitió detectar irregularidades en aproximadamente 30.000 mesas a nivel nacional. ​

Gracias a esta meticulosa labor, el Pacto Histórico logró recuperar cerca de 486.000 votos que inicialmente no habían sido contabilizados correctamente.

Esta recuperación fue determinante para que la coalición asegurara tres curules adicionales en el Senado, fortaleciendo su representación en el Congreso y consolidando su posición en el panorama político colombiano. ​

Tras su exitoso desempeño en las elecciones legislativas, Álvaro Echeverry fue nombrado Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

En este cargo, es responsable de establecer diálogos con las comunidades en diversas regiones del país, facilitando la gestión de proyectos de infraestructura y actividades relacionadas con la minería, asegurando que se respeten los derechos y se atiendan las preocupaciones de las poblaciones involucradas.

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