Lupa a la contratación pública durante las elecciones de 2026

La Contraloría General de la República anunció que realizará un seguimiento estricto a la contratación pública y al gasto estatal durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales). La vigilancia se llevará a cabo mediante la implementación del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, como parte del control fiscal concomitante y preventivo.

Este modelo, desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, permite monitorear en tiempo real la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal y los subsidios sociales en todo el país. Su propósito principal es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

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Para ello, el sistema integra bases de datos como Secop I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA) y los sistemas presupuestales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del ministerio de Hacienda, lo que facilita la detección temprana de patrones de riesgo e irregularidades que puedan afectar la transparencia y la equidad en el proceso electoral.

Desde el 8 de noviembre de 2025, la entidad inició el monitoreo preventivo para evitar que se utilicen los convenios interadministrativos como medio de ejecución de recursos durante el periodo de restricciones electorales. Además, la Contraloría emitirá alertas tempranas ante cualquier intento de celebración de este tipo de acuerdos.

El organismo también controlará incrementos inusuales en contratos de servicios y transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como la identificación de contratistas inhabilitados por superar los límites de financiación política. A partir del 31 de enero de 2026, se ampliará el control sobre la contratación directa, modalidad que será especialmente vigilada en el contexto electoral.

Según el seguimiento mensual realizado desde septiembre, la Contraloría ha identificado picos significativos en los contratos y convenios interadministrativos durante los meses de septiembre y octubre de 2025, con montos que alcanzaron los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente. Esta tendencia refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante para evitar riesgos de uso indebido de los recursos públicos.

En contraste, el monitoreo de la contratación directa no ha mostrado variaciones preocupantes, manteniéndose en niveles altos pero estables, con valores de $12,5 billones en enero y $15,2 billones en febrero de 2025.

Con este despliegue de herramientas tecnológicas y analíticas, la Contraloría busca asegurar la transparencia en el uso de los recursos del Estado durante el periodo electoral, reafirmando su compromiso con la vigilancia preventiva y la protección del erario público.

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