Los millones que estaría gastando el Gobierno Petro en favor de la Consulta Popular

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está desplegando una estrategia sin precedentes para impulsar su consulta popular, aún cuando el texto ni siquiera ha sido radicado en el Senado. En medio de una grave crisis fiscal, el Ejecutivo ha invertido cuantiosos recursos en movilizaciones sociales, plataformas de participación ciudadana, logística, y campañas mediáticas que apuntan a presionar al Congreso.

El pasado lunes, Petro lanzó una advertencia: “El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Si el Senado de la República en sus treinta días no aprueba o no se pronuncia, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, como dice la ley (sic)”. Esta afirmación confirma que las marchas del 1 de mayo serán apenas una pieza más del engranaje diseñado para imponer la consulta.

Pero esa maquinaria ya lleva semanas en marcha. Desde la semana pasada, más de 20.000 indígenas comenzaron su traslado hacia Bogotá. Muchos de ellos se instalaron en predios de la Universidad Nacional, generando tensión con algunos estudiantes y profesores. 

Según denuncias, grupos tomaron edificios como el auditorio León de Greiff y bloquearon el acceso al rector Leopoldo Múnera. Aunque la Universidad publicó un comunicado asegurando que “todas las acciones se han desarrollado de manera pacífica y amables”, estudiantes documentaron restricciones de acceso a las clases y la presencia de personas con machetes en el campus.

Además de las complejidades logísticas que implica movilizar miles de personas, la oposición ha puesto la lupa sobre el uso de dineros públicos. La senadora María Fernanda Cabal denunció que organizaciones como la ONIC han recibido más de 95.000 millones de pesos en contratos estatales durante el gobierno Petro. Entre los pagos se cuentan sueldos de 80 millones a un asesor espiritual, delegados indígenas, y asesores políticos, contratados en 2023.

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Y el gasto no para ahí. El Ministerio del Interior lanzó una plataforma para recibir preguntas sobre la consulta popular incluso antes de que el Senado debata su legalidad. También se han creado comités pro-consulta en todo el país, con financiación estatal para logística y publicidad. Desde el Ministerio del Trabajo, un funcionario aseguró que “nos dicen qué hacer desde Presidencia”, revelando cómo la instrucción para promover la consulta llega directamente del mandatario.

Otras entidades sin relación directa con la iniciativa, como la Unidad Nacional de Protección (UNP), también están usando sus recursos para hacer campaña. Todo esto en medio de advertencias por parte de la Contraloría, que estimó que el costo del mecanismo podría oscilar entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. “Tendrán que salir de alguna parte”, advirtió el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

El Gobierno incluso intentó utilizar un espacio televisivo institucional para promover la consulta, pero la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) negó la solicitud por no cumplir con los fines de esos espacios. Petro acusó a la CRC de prevaricar y ordenó apelar la decisión.

Las movilizaciones del 1 de mayo serán el clímax de esta campaña financiada con dinero público. La Presidencia planificó una entrada teatral al Senado con el mandatario acompañado de sus ministros y líderes sociales, además de una posible entrada simbólica de la espada de Bolívar, que luego será mostrada en tarimas ubicadas en la Plaza de Bolívar, la Carrera Séptima y el Parque Nacional.

“Este 1 de mayo volvemos a las calles, más que antes. Ese día en la plaza de Bolívar de Bogotá, desenvainaré la espada de Bolívar ante el pueblo”, anunció Petro en X. Mientras tanto, expertos advierten que el presidente está utilizando el aparato estatal como instrumento electoral. La consulta, más allá de su contenido, se perfila como una jugada política de cara a las elecciones de 2026.

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