Gobierno colombiano alista emergencia económica y social por crisis en Venezuela

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el Gobierno nacional se encuentra en proceso de estudio para decretar un estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de responder a las consecuencias derivadas de los recientes acontecimientos en Venezuela.

La medida se contempla como un mecanismo para desplegar acciones integrales de protección, prevención y asistencia humanitaria en las zonas limítrofes, particularmente en beneficio de ciudadanos colombianos, migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresan por la frontera oriental.

La estrategia contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, desde donde se organizará la coordinación interinstitucional necesaria para la expedición de un decreto de emergencia.

Esta instancia tendrá la misión de trazar las rutas de acción en respuesta a los impactos migratorios y sociales derivados de la situación interna de Venezuela, que ha desencadenado flujos de personas hacia Colombia.

A través de declaraciones emitidas en la red social X, el titular de la cartera política indicó que la situación exige una respuesta estructurada y de alta prioridad institucional.

La instalación del PMU en Cúcuta responde a la necesidad de tomar decisiones inmediatas sobre medidas de contingencia, incluyendo protocolos de atención médica, educación y protección de menores de edad.

Entre las iniciativas que se diseñan desde el Ministerio del Interior se incluye la habilitación de servicios médicos en centros asistenciales y hospitales, así como la garantía del derecho a la educación mediante una articulación con el Ministerio de Educación.

También se proyectan mecanismos de acompañamiento para la infancia, en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y acciones dirigidas a quienes provienen de terceros países distintos a Venezuela.

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Dentro de los elementos operativos que contempla el plan, se contempla un fortalecimiento de la seguridad en los pasos fronterizos, con el objetivo de reforzar los controles migratorios y garantizar condiciones adecuadas en el ingreso al país.

Asimismo, se planifica la habilitación de albergues transitorios en Cúcuta y en otros puntos estratégicos del territorio nacional, para brindar alojamiento temporal a quienes lleguen de manera masiva en el contexto actual.

Paralelamente a las decisiones del Ejecutivo, la Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, instaló una mesa de seguimiento permanente en la frontera con Venezuela.

Esta estructura de vigilancia, creada el 3 de enero, tiene como objetivo monitorear en tiempo real los efectos de los acontecimientos registrados en el país vecino, así como activar mecanismos constitucionales y legales ante cualquier situación que lo requiera.

La Procuraduría manifestó que, en cumplimiento de sus competencias constitucionales, ha desplegado equipos en los puntos de frontera para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y prevenir situaciones de vulneración.

El Ministerio Público recordó que la política exterior corresponde al Presidente de la República, pero advirtió sobre la urgencia de implementar medidas preventivas frente a eventuales impactos sobre los Derechos Humanos.

El jefe del organismo de control convocó a las instituciones del sistema de vigilancia —Defensoría del Pueblo, personerías municipales y delegadas de la Procuraduría— para que participen en la atención a las poblaciones afectadas.

También instruyó el envío de reportes continuos, cada dos horas, al nivel central, con el fin de consolidar información sobre el desarrollo de la coyuntura.

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