Funcionarios de MinMinas estarían implicados en presunta promoción política a favor de Quintero

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, luego de recibir denuncias que apuntan a una presunta participación en actividades políticas a favor de campañas presidenciales, entre ellas la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El proceso fue formalizado por el procurador delegado disciplinario de Instrucción segundo para la Vigilancia Administrativa, José Rodrigo Vargas, quien señaló que la medida busca identificar a los posibles responsables. La decisión se originó tras una denuncia divulgada por el partido Cambio Radical en la red social X, en la que se mencionó a Julián Flórez, actual director de Hidrocarburos, acusado de promover las aspiraciones de Quintero y de Gustavo García mediante mensajería instantánea.

Según lo revelado por ese partido, Flórez había sido señalado previamente de acoso laboral en 2024 y despedido de Ecopetrol por filtración de información, hechos que hoy agravan la controversia sobre su actuación como funcionario público. La Procuraduría indicó que la indagación busca esclarecer posibles faltas disciplinarias relacionadas con acoso y presunta intervención en política.

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Dentro de las primeras medidas, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas y testimonios que permitan verificar si existió promoción indebida de campañas desde la entidad. También se solicitó al Ministerio de Minas entregar, en un plazo de diez días, la nómina completa de funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos, el registro de quejas de acoso laboral recibidas en 2024 y 2025, así como la estructura jerárquica de la dependencia.

El caso pone nuevamente al Ministerio de Minas en el centro de la atención pública, esta vez no por temas de política energética, sino por presuntas conductas disciplinarias que comprometerían a servidores públicos en actividades proselitistas.

Aunque la indagación no constituye aún una sanción, marca el inicio de un proceso que podría derivar en una investigación formal si se comprueban las denuncias. De confirmarse, los funcionarios implicados enfrentarían posibles sanciones disciplinarias por transgredir las normas que prohíben la intervención política de empleados estatales.

La Procuraduría también analizará si las conductas denunciadas configuran situaciones de acoso laboral, lo que ampliaría el alcance del expediente. En paralelo, el Ministerio de Minas deberá preparar la documentación solicitada y responder dentro del plazo establecido, insumos clave para determinar si existieron irregularidades.

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