Expresidente César Gaviria denuncia ante la CIDH amenazas a senadores que archivaron la reforma laboral

El expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, César Gaviria, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusa al Gobierno del presidente Gustavo Petro de ejercer presuntas presiones y actos de persecución contra senadores de su partido. La acción se deriva de la decisión de estos legisladores de respaldar el archivo de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

En un documento dirigido a José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH, Gaviria señaló que varios congresistas han sido objeto de presiones luego de firmar la ponencia que proponía el hundimiento de la iniciativa gubernamental.

Según el exmandatario, la situación ha escalado hasta incluir ataques que afectan la seguridad de los senadores y sus familias.

Uno de los casos expuestos en la denuncia es el del senador Miguel Ángel Pinto, quien, según Gaviria, ha sido blanco de señalamientos que afectan su reputación y de represalias que impactan a su entorno familiar.

En la comunicación, se afirma que su hija, Silvia Pinto Vargas, fue desvinculada del Fondo Nacional del Ahorro sin justificación clara, lo que el denunciante interpreta como una consecuencia directa de la postura del congresista frente a la reforma laboral.

Además, Pinto ha sido vinculado públicamente con estructuras ilegales sin pruebas que sustenten dichas acusaciones.

Gaviria mencionó que no se trata de un caso aislado. La denuncia también involucra a los senadores Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, quienes habrían sido objeto de estrategias de presión similares.

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Según el documento, se les ha presentado ante la opinión pública como opositores a los derechos de los trabajadores, lo que ha contribuido a generar un ambiente de hostilidad en su contra.

El exmandatario argumenta que estas acciones forman parte de un esquema más amplio en el que el Gobierno busca desacreditar y castigar a quienes se apartan de sus propuestas legislativas.

En la denuncia, se advierte sobre el uso de despidos, señalamientos y campañas de desprestigio para debilitar la posición de los congresistas que no respaldan las reformas promovidas desde el Ejecutivo.

Otro punto abordado en la denuncia es la actitud del Gobierno frente a fallos judiciales. Gaviria citó el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue declarado en desacato por la Corte Constitucional debido al incumplimiento de órdenes relacionadas con el acceso a servicios de salud. Para el denunciante, este episodio refleja un patrón de desobediencia institucional que compromete la independencia de los poderes del Estado.

Ante esta situación, Gaviria solicitó a la CIDH que intervenga y exija al Estado colombiano garantías de seguridad para los legisladores mencionados y sus familias.

También pidió que se investiguen las denuncias de amenazas y que se haga un llamado al respeto por la independencia del Congreso en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, Gaviria concluyó su solicitud subrayando que la democracia colombiana no debe permitir que sus representantes sean intimidados o condicionados en el ejercicio de su labor legislativa.

En su comunicación, instó a la CIDH a actuar con celeridad para asegurar que los derechos de los congresistas sean protegidos en el marco de los principios democráticos y de los derechos humanos.
 

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