Elementos clave del informe de la MOE sobre gastos en las campañas presidenciales en Colombia

La discusión sobre la financiación política volvió al centro del debate público tras la divulgación de un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) que examinó el comportamiento económico de las precampañas presidenciales para el periodo 2026.

El documento, revelado expuso un aumento significativo del gasto en publicidad digital y advirtió sobre la ausencia de controles en una etapa en la que aún no existen candidaturas formalmente inscritas.

Las conclusiones generaron una reacción inmediata de analistas, autoridades y partidos, debido al posible impacto en la equidad del proceso electoral.

Según datos publicados, los aspirantes presidenciales habrían invertido cerca de 800 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025 en anuncios en plataformas digitales.

El monto, sin precedentes para una fase preelectoral, se registra cuando faltan más de cinco meses para la definición de los candidatos que participarán en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

La cifra fue interpretada como señal de una transformación acelerada de la estrategia política y de la ampliación de un terreno donde el control institucional presenta limitaciones.

El informe entregado por la MOE a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral mostró cómo el flujo de recursos migró de espacios convencionales —como eventos públicos o medios tradicionales— a redes sociales y plataformas digitales.

Este cambio, según la organización, dificulta la trazabilidad del dinero, pues muchas de las actividades no quedan registradas en los sistemas oficiales de monitoreo.

La entidad reiteró que la publicidad digital opera en un entorno donde el origen de los recursos y el alcance de las campañas son más complejos de verificar.

Al presentar los resultados, Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, señaló que garantizar la transparencia financiera es determinante para evitar riesgos en la competencia electoral.

Indicó que el análisis identificó 42 cuentas activas en plataformas como Facebook e Instagram que realizaron inversiones en anuncios políticos.

Sin embargo, el estudio también constató que en plataformas como TikTok y YouTube no existe información pública sobre pautas, lo que impide reconstruir los flujos de dinero y conocer quiénes ordenan los pagos o cómo segmentan sus mensajes.

El reporte también expuso vacíos normativos que limitan la intervención de las autoridades.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la obligación constitucional de vigilar la financiación política, pero su marco de actuación está plenamente habilitado solo cuando las candidaturas ya están inscritas.

Este aspecto, según el análisis, genera un periodo prolongado en el que no es posible exigir reportes completos a precandidatos o comités ciudadanos que impulsan aspiraciones por su cuenta.

La MOE recordó que el CNE puede iniciar acciones de oficio o por quejas de la ciudadanía, pero estas herramientas no cubren la totalidad del ciclo preelectoral.

Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE, explicó al mismo medio que el sistema actual funciona de manera plena solo desde la inscripción formal de los candidatos.

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Señaló que los partidos y aspirantes deben reportar sus movimientos económicos mediante el aplicativo Cuentas Claras, que exige auditorías internas y externas.

No obstante, la obligatoriedad de estos reportes se activa solo a partir de la inscripción, lo que deja un periodo sin supervisión precisa sobre origen y destino de los recursos.

El crecimiento de la publicidad digital también derivó en nuevos desafíos. El informe identificó tres aspectos críticos: los comités ciudadanos pueden promover precandidaturas sin someterse a los controles aplicados a partidos; el CNE no puede ejercer una vigilancia integral antes de la inscripción; y varias plataformas no cuentan con bibliotecas de anuncios que permitan revisar, de manera independiente, quién pauta y cuánto invierte.

Para la MOE, estos elementos generan un terreno desigual en el que la disponibilidad de recursos influye en la visibilidad de los aspirantes, sin que exista un sistema uniforme de vigilancia.

El riesgo de falta de equilibrio en la contienda también fue señalado por académicos consultados por diario El País.

Luis Ojeda, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Cali, advirtió que la ausencia de información pública en ciertas plataformas crea una dinámica en la que algunos precandidatos —en especial quienes participan mediante recolección de firmas— podrían obtener una ventaja difícil de medir para las autoridades electorales.

El propio Consejo Nacional Electoral reconoció, según el mismo informe, que existen debilidades estructurales en el sistema de control financiero.

Una fuente del organismo indicó que no hay interoperabilidad entre las entidades que manejan información clave para la detección de irregularidades.

Mencionó que bases de datos de la Uiaf y la Dian no están integradas con Cuentas Claras y que tampoco existe conexión con plataformas como Secop o Sigep, herramientas que podrían evidenciar aportes prohibidos o triangulaciones de recursos.

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