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Corte Suprema archiva demanda de Roy Barreras contra Jota Pe Hernández por caso del Canal Congreso
El alto tribunal concluyó que las declaraciones del senador Hernández sobre presunta corrupción en el Canal Congreso están amparadas por la libertad de expresión.
La Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia penal que el exembajador Roy Barreras interpuso contra el senador Jota Pe Hernández por presunta calumnia y hostigamiento. La demanda fue presentada en abril de 2023, luego de que Hernández publicara un video en el que señalaba posibles irregularidades en contratos del Canal del Congreso durante la presidencia de Barreras en el Senado.
En el material audiovisual, titulado “¡Atención! Nueva olla podrida en el Congreso - Roy Barreras respóndale a Colombia”, el congresista de la Alianza Verde acusó a Barreras de entregar $8.000 millones a través de una empresa fachada, lo que el exembajador consideró una afectación a su buen nombre y honra.
No obstante, la Sala de Instrucción del alto tribunal determinó que las afirmaciones de Hernández se basaban en documentos que ya forman parte de una investigación abierta, y que su publicación no tenía como objetivo dañar la integridad moral del demandante. La Corte señaló que la crítica política está protegida por el derecho a la libertad de expresión.
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El fallo indica que no se cumplen los requisitos legales para tipificar penalmente los hechos, por lo que se ordenó el archivo del caso. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reabrir la investigación si se presentan nuevas pruebas.
Mientras tanto, Roy Barreras enfrenta otra controversia legal, esta vez con el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien denunció presuntas presiones para nombrar a Jerlin Arley Campo Angulo, actual director de la Dian en Buenaventura, vinculado a una red de contrabando según investigaciones.
Reyes aseguró que la hoja de vida de Campo fue hallada durante un allanamiento a la vivienda de alias Papá Pitufo, lo que reavivó la disputa con Barreras. El abogado del exsenador, Mauricio Pava, negó cualquier vínculo y anunció la presentación de informes que demostrarían que no hubo influencia indebida en nombramientos.
Además, Pava sugirió que las declaraciones de Reyes buscan desviar la atención sobre decisiones tomadas durante su gestión en la Dian, algunas de las cuales hoy están bajo escrutinio por supuestos delitos como tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Corte Suprema ahora deberá analizar si existió tráfico de influencias en este caso, una conducta penal que no requiere que las recomendaciones prosperen, sino que se demuestre el uso del poder político en favor de terceros.
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