Consejo de Estado admite tutela contra convocatoria a constituyente

El Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por el abogado Germán Calderón España contra la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones legislativas de marzo de 2026, a través de una papeleta.

La iniciativa del mandatario fue anunciada el pasado 20 de junio, tras afirmar en su cuenta de X que, al haberse aprobado la reforma laboral, ya no era necesaria la consulta popular previamente planteada. En su lugar, señaló que se entregaría una papeleta para que los ciudadanos decidieran si se convoca una constituyente.

En su acción judicial, Calderón España argumentó que la propuesta del presidente amenaza derechos fundamentales como el debido proceso y el principio de legalidad. Señaló que una Asamblea Nacional Constituyente debe tramitarse mediante ley aprobada por el Congreso, tal como lo establece la Constitución, y no puede ser convocada solo con una papeleta.

“Solicitamos al Consejo de Estado que proteja los derechos fundamentales y que impida que el presidente convoque de forma unilateral una constituyente sin que medie el procedimiento legal”, expresó el abogado en el documento radicado.

La admisión de la tutela fue confirmada por el mismo Consejo de Estado, que ahora deberá estudiar si existe una amenaza real a los principios constitucionales por parte del Ejecutivo. En paralelo, se reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en materia de reformas estructurales.

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Durante un evento reciente sobre ética judicial, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, hizo una advertencia sin nombrar directamente al jefe de Estado: “Las democracias de hoy no se disuelven con golpes militares, sino con líderes que actúan por encima de la Constitución y de la ley”.

El magistrado defendió además el rol de los jueces como garantes del orden constitucional y criticó las descalificaciones que, según él, ha recibido la justicia desde el Ejecutivo cuando sus fallos no favorecen la agenda gubernamental.

El anuncio de Petro generó reacciones inmediatas entre expertos constitucionalistas y sectores políticos. La Constitución establece que una constituyente solo puede convocarse mediante una ley aprobada por el Congreso, seguida de un referendo aprobatorio. Cualquier atajo al procedimiento formal podría ser considerado una ruptura institucional.

El Consejo de Estado, que en el pasado ya ha frenado iniciativas del Gobierno Petro —como la consulta popular y la reducción de tarifas de servicios públicos vía decreto—, se posiciona nuevamente como actor clave en la defensa de la legalidad y el equilibrio de poderes.

En las próximas semanas se espera una decisión sobre la tutela, que podría frenar de forma definitiva la intención del Gobierno de acudir a mecanismos extraordinarios sin el cumplimiento del debido proceso legislativo y constitucional.

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