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Colombia anuncia liberación de 17 detenidos en Venezuela, pero familiares reportan solo 14
Cancillería confirma liberación parcial, aún quedan 21 detenidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que se concretará la liberación de 17 ciudadanos colombianos detenidos en centros carcelarios venezolanos desde el año pasado, algunos desde enero y otros desde fechas cercanas a las elecciones parlamentarias del 25 de mayo.
El proceso de liberación, coordinado por la Cancillería, cuenta con la presencia de la ministra Rosa Villavicencio y del embajador en Caracas, Milton Rengifo, quienes se trasladaron a la ciudad de Cúcuta con el objetivo de recibir a los connacionales.
El operativo fue previsto para iniciar hacia las 10:00 de la mañana de este viernes.
La cifra oficial comunicada por la Cancillería no coincide con la información que manejan algunos familiares de los detenidos, quienes indicaron que, según los reportes recibidos hasta la mañana del mismo día, solo serían liberadas 14 personas.
Esta discrepancia ha generado incertidumbre en el grupo de allegados que ha seguido el caso desde hace meses. En varias ocasiones, las familias han denunciado la falta de claridad por parte de las autoridades y la dificultad para obtener información precisa sobre la situación jurídica de los capturados.
De acuerdo con la versión ofrecida por el presidente de la República, Gustavo Petro, la liberación se produce como resultado de gestiones bilaterales y acuerdos diplomáticos.
El mandatario señaló que los detenidos hacen parte de un grupo de 38 personas que se encuentran privadas de la libertad en territorio venezolano bajo acusaciones de conspiración contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Petro indicó que no existen pruebas judiciales contundentes contra los colombianos y que permanecen privados de la libertad sin que se haya iniciado un proceso legal formal.
Durante su intervención pública, el jefe de Estado también mencionó que entre los liberados podría figurar un ciudadano con doble nacionalidad colombo-albanesa, y afirmó que, en paralelo, se prevé el retorno de un individuo señalado por las autoridades venezolanas como integrante de una estructura criminal transnacional.
Petro manifestó: “quizás nos entregue Venezuela uno capturado al otro lado, colombo-albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela y entre esos no todos son ciudadanos inocentes, sino que viene, al parecer, un capo”. No se ofrecieron mayores detalles sobre la identidad de dicha persona ni sobre su situación jurídica.
En su declaración, el presidente aprovechó para referirse a operativos desarrollados por las autoridades colombianas en los últimos meses, en los que se ha capturado a ciudadanos extranjeros vinculados al narcotráfico.
Enumeró detenciones de presuntos capos provenientes de países como Italia, Albania, Alemania, Suecia y Francia en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá.
Según explicó, estas capturas están relacionadas con el intento de controlar rutas y negocios ilícitos desde suelo colombiano, aunque subrayó que los líderes principales de estas redes suelen residir en ciudades con altos estándares de vida fuera del país.
La situación de los detenidos en Venezuela ha sido objeto de seguimiento por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
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En particular, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado las condiciones en las que se encuentran los reclusos en el penal El Rodeo I, donde permanece recluido el grupo de colombianos.
Este centro carcelario, ubicado a unos 45 minutos de Caracas, hace parte de un complejo penitenciario compuesto por al menos tres estructuras similares.
Según los informes de la OVP, los prisioneros son confinados en celdas de dimensiones reducidas, de aproximadamente dos metros por dos metros, compartidas por varios internos.
Las condiciones de habitabilidad han sido catalogadas como extremas: los reclusos duermen sobre superficies de cemento con una delgada colchoneta, carecen de ventilación adecuada y deben hacer uso de una letrina en condiciones precarias.
Los reportes han calificado el sitio como un espacio de trato inhumano, utilizado como herramienta de castigo más que como establecimiento de reclusión en condiciones legales y sanitarias mínimas.
En meses anteriores, la Cancillería había informado que se concretaría la liberación de algunos de los detenidos para el 19 de octubre.
No obstante, esa liberación no se materializó en la fecha anunciada. Las razones detrás del aplazamiento no fueron divulgadas oficialmente, aunque se presume que estuvieron relacionadas con decisiones de último momento por parte de las autoridades venezolanas o con dificultades operativas en el proceso de verificación de identidad y nacionalidad de los internos.
A pesar del anuncio reciente, el futuro de los 21 connacionales restantes continúa sin esclarecerse. Hasta el momento, no hay información oficial sobre los tiempos ni las condiciones para su eventual liberación.
Las familias, por su parte, han reiterado el llamado al Gobierno colombiano para que mantenga la presión diplomática y garantice un canal de información permanente.
Además, han solicitado que se investigue a fondo la forma en que sus allegados fueron privados de la libertad y las razones de fondo detrás de su detención.
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