OEA no aconseja replicar el modelo mexicano de elección judicial por voto popular

La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Misión de Observación Electoral (MOE), presentó un informe preliminar en el que formula una recomendación clara: no adoptar el modelo de elección judicial por sufragio popular aplicado recientemente en México.

La postura del organismo multilateral se sustenta en una evaluación detallada del proceso realizado en ese país, en el cual se eligieron por voto directo a jueces, magistrados y ministros de varias instancias del Poder Judicial.

La misión observadora, compuesta por 16 expertos provenientes de 10 países, supervisó el desarrollo del proceso en entidades clave como Ciudad de México y el Estado de México.

Durante su labor, sostuvo más de 75 reuniones con actores institucionales, representantes del Ejecutivo, autoridades electorales, miembros del Poder Judicial, candidaturas y organizaciones de la sociedad civil.

El modelo mexicano fue implementado tras la aprobación de una reforma constitucional en septiembre de 2024, que estableció el voto universal como el único mecanismo de selección para los cargos judiciales.

De acuerdo con la MOE, no existe otro antecedente en el mundo donde la totalidad de los jueces de una nación sean elegidos mediante votación directa.

El proceso incluyó la selección de nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas de Salas Regionales, cinco miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. Además, se celebraron elecciones judiciales locales en 19 estados y comicios municipales en Veracruz y Durango.

No obstante, la misión de la OEA advirtió que el proceso no logró fortalecer la independencia del sistema judicial. Entre los principales hallazgos, se destaca que seis de los nueve ministros elegidos para integrar la SCJN fueron propuestos directamente por el Ejecutivo federal.

Los tres restantes ya formaban parte del alto tribunal, designados previamente por el expresidente. Según el informe, esta composición genera dudas sobre la autonomía del máximo órgano judicial frente al poder político.

El reporte subraya también la escasa participación ciudadana. De acuerdo con los datos recogidos, solo el 13 % del electorado habilitado ejerció su derecho al voto.

Este porcentaje, calificado como uno de los más bajos en la región para procesos de esta naturaleza, refleja —según la OEA— una limitada apropiación ciudadana del nuevo esquema electoral.

Asimismo, el documento señala que el 10,8 % de los votos fueron nulos o no marcados, una cifra elevada que los observadores atribuyen a los plazos cortos con los que se organizó la elección.

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Durante la jornada comicial, la MOE registró varias dificultades logísticas. A las 09:00 horas del día de la votación, solo el 41,73 % de las casillas había sido instalado.

Dos horas después, ese porcentaje ascendía al 92,18 %, alcanzando el 99,7 % hacia las 13:30 horas. A pesar de que se completó la apertura en la mayoría de los centros de votación, se reportó que muchos carecían de accesos adecuados para personas con discapacidad física, y que no existía un mecanismo efectivo que garantizara el sufragio autónomo de personas con discapacidad visual.

Además, se constató que el tiempo promedio para votar osciló entre 10 y 20 minutos por persona. En el caso de personas adultas mayores, el proceso demoró hasta una hora.

Otra diferencia significativa respecto a procesos anteriores fue que el Instituto Nacional Electoral (INE) no realizó el conteo en las casillas, sino que trasladó las boletas a los Consejos Distritales. Tampoco se implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), habitual en elecciones mexicanas, lo cual implicó cambios sustanciales en la transparencia operativa.

En cuanto a la campaña electoral, la MOE reportó múltiples denuncias previas al día de votación relacionadas con la circulación de “acordeones” que incluían listas de candidatos recomendados, lo cual podría representar un intento de coacción del voto.

La Misión señaló que, en caso de comprobarse, esta práctica vulneraría principios fundamentales del sufragio libre e informado, por lo que instó a las autoridades a desarrollar las investigaciones pertinentes.

Otro aspecto señalado por el informe fue la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la sesión permanente del Consejo General del INE.

Según consta en el reporte, la presidenta del organismo electoral indicó que su presencia fue producto de una invitación personal. Sin embargo, algunos consejeros expresaron públicamente su inconformidad, alegando que no fueron informados con antelación sobre dicha decisión.

A nivel estructural, la OEA identificó riesgos inherentes al nuevo modelo. La posibilidad de reelección para los jueces y magistrados, así como la duración de los mandatos por nueve años, podrían incentivar fallos judiciales guiados por la intención de obtener apoyo electoral y no por criterios jurídicos. Esta situación, a juicio de la misión, compromete la estabilidad del cargo y la independencia de los operadores judiciales.

La composición del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial también fue objeto de observación. El informe preliminar señala que las candidaturas cercanas al oficialismo dominaron las listas ganadoras en dicha instancia, así como en la propia SCJN, lo que concentraría el poder judicial en manos de actores alineados con el Ejecutivo.

A nivel internacional, la Misión registró que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron preocupaciones similares. Ambas entidades señalaron que el modelo adoptado por México podría no ser compatible con los estándares internacionales de independencia judicial.

Con respecto al diseño institucional, la OEA insistió en que no existen precedentes en otras democracias del mundo donde todos los niveles del Poder Judicial sean electos mediante sufragio directo.

El informe advierte que replicar este modelo en otros países de la región podría generar consecuencias negativas para la estabilidad y la imparcialidad de los sistemas de justicia.

Finalmente, la Misión alertó sobre los riesgos asociados a la coincidencia de futuras elecciones judiciales con los comicios generales previstos para 2027. Según el informe, mantener el actual calendario podría exacerbar la influencia partidista en el proceso y debilitar aún más los principios de neutralidad institucional.

En ese contexto, la Organización de los Estados Americanos reitera su recomendación de no adoptar en otros países el modelo implementado en México, y exhorta a realizar reformas que garanticen procesos de selección judicial con base en méritos, transparencia, evaluación técnica y respeto a la independencia de los poderes públicos.

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