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Más de 33.000 muertos dejan protestas en Irán tras represión gubernamental
Balance de las acciones del régimen iraní.
La represión ejercida por el régimen iraní contra las manifestaciones que comenzaron a finales de diciembre ha dejado un saldo estimado de más de 33.000 personas muertas, según nuevas cifras reveladas por el investigador germano-iraní Amir-Mobarez Parasta.
Las estimaciones anteriores hablaban de entre 16.500 y 18.000 fallecidos, pero los datos actualizados duplican esas cifras e incluyen un alto número de heridos, en su mayoría con lesiones oculares.
De acuerdo con Parasta, cerca de 97.645 personas han resultado heridas desde el inicio de las protestas, con al menos un 30 % de ellas presentando daño ocular permanente o severo.
Los registros hospitalarios también indican que al menos 468 personas han sido ejecutadas en Teherán y más de 500 en otras regiones del país.
Las protestas se originaron el 28 de diciembre en medio de una crisis económica que ha deteriorado las condiciones de vida en Irán.
El aumento del costo de los productos básicos, la caída de la moneda local y el cierre parcial del Gran Bazar de Teherán, por decisión de los propios comerciantes, marcaron el inicio de una ola de descontento que rápidamente se extendió por el país.
En respuesta, el gobierno iraní ordenó el corte del acceso a internet y desplegó a las fuerzas de seguridad para contener las manifestaciones mediante el uso de fuerza letal.
La violencia ha sido condenada por múltiples gobiernos y organizaciones internacionales. No obstante, dentro de Irán, el régimen ha justificado sus acciones como una defensa de la seguridad nacional.
En declaraciones recogidas por la agencia Reuters, un alto funcionario iraní aseguró que cualquier ataque, sin importar su escala, sería considerado una "guerra total", advirtiendo que las fuerzas armadas están en máxima alerta.
El clima de tensión se ha intensificado con el incremento de la presencia militar estadounidense en la región. El portaaviones USS Abraham Lincoln fue movilizado y las tropas estadounidenses y británicas abandonaron recientemente una base estratégica en Medio Oriente.
El expresidente estadounidense Donald Trump declaró que su país tomaría "medidas muy enérgicas" si se confirma la ejecución de manifestantes.
Mientras tanto, medios internacionales informaron que familiares de personas desaparecidas o fallecidas se han concentrado en las oficinas forenses del país, especialmente en la sede de Kahrizak, en busca de información sobre sus parientes.
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De acuerdo con testimonios recogidos por medios como The Telegraph, las autoridades estarían exigiendo a los familiares de las víctimas firmar declaraciones donde niegan que los fallecidos participaran en las protestas, y algunos habrían sido obligados a pagar altas sumas de dinero —hasta 16.000 libras esterlinas— para recuperar los cuerpos y proceder con los entierros.
Uno de los casos conocidos es el de Farhad, cuyo cuerpo permanece retenido por las autoridades iraníes, dos semanas después de su muerte. Sus padres denunciaron presiones para que firmen un documento que lo identifique como miembro de las fuerzas de seguridad, una práctica que ha sido reportada en otros casos.
El padre del joven declaró que se niega a validar una versión oficial que considera falsa y señaló que su hijo no tenía ninguna afiliación con el aparato estatal o los cuerpos militares del régimen.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se refirió a la situación durante su intervención en el Foro de Davos. En su discurso criticó la falta de reacción de la comunidad internacional ante lo que calificó como una masacre.
Señaló que mientras los gobiernos occidentales debatían cómo responder, ya miles de personas habían sido asesinadas.
Desde Oslo, el director de la organización Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, explicó que el régimen iraní ha intentado modificar las cifras oficiales para equiparar el número de manifestantes fallecidos con el de efectivos de seguridad presuntamente muertos en enfrentamientos.
Esta maniobra busca reducir la presión internacional y preparar el terreno para justificar futuras ejecuciones.
Pese al número de muertos y a la condena internacional, no se han observado señales claras de que el régimen iraní modifique su política de represión interna.
Las autoridades han negado oficialmente que existan planes de ejecuciones masivas, aunque múltiples denuncias sugieren que ya se están llevando a cabo.
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