Marco Rubio: ¿designado “gobernador de facto” de Venezuela tras intervención de Estados Unidos?

La intervención estadounidense en Venezuela del 3 de enero de 2026 ha generado una serie de efectos políticos y diplomáticos, entre ellos reportes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue designado por la Casa Blanca como una especie de “gobernador de facto” encargado de supervisar los activos venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según reseña el diario ABC de España, la Casa Blanca reconoce a Rubio como el responsable absoluto de los bienes y recursos estratégicos de Venezuela en el contexto de la intervención, aunque la administración estadounidense no ha confirmado formalmente un nombramiento gubernamental oficial con facultades plenas.

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Tras la captura de Maduro y Flores —quienes están enfrentando cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo en tribunales de Estados Unidos— la administración del presidente Donald Trump ha buscado consolidar una política enfocada en la administración y venta del petróleo venezolano como respaldo financiero para una transición política.

Rubio ha expuesto ante legisladores estadounidenses un plan en tres fases para Venezuela: primero, la estabilización, con el objetivo de evitar el caos y asegurar ventas de petróleo; segundo, facilitar la recuperación económica y apertura a empresas extranjeras; y finalmente, promover una transición política más amplia en el país sudamericano.

En paralelo, Estados Unidos nombró a Laura Dogu como nueva encargada de la Unidad de Asuntos de Venezuela en su embajada en Bogotá, un puesto clave para ejecutar la política de Washington tras la crisis y que refuerza el rol estratégico de Rubio en la agenda para Venezuela.

La acción estadounidense ha sido objeto de amplias críticas internacionales: expertos en derecho internacional han señalado que la captura de Maduro es ilegal y viola la soberanía venezolana, recordando que ningún país puede aplicar su jurisdicción penal en el territorio de otro sin consentimiento.

Aunque algunos comentarios iniciales del propio Trump sugerían que Washington podría “dirigir” Venezuela temporalmente, Rubio ha aclarado que Estados Unidos no pretende gobernar el país de forma administrativa, sino ejercer presión mediante medidas como sanciones y una “cuarentena petrolera” para influir en cambios políticos en el corto y mediano plazo.

Este complejo escenario continúa evolucionando mientras actores regionales y globales debaten los límites del intervencionismo, la legalidad internacional y el futuro político de Venezuela tras la crisis desatada este año.

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