Detalles de la investigación a Apple en Colombia y las prácticas indebidas

Después de haber adelantado la etapa de averiguación preliminar, mediante Resolución No. 60099 del 19 de agosto de 2025, la Delegatura para la Protección de la Competencia estableció de manera preliminar que Apple, en su calidad de agente con posición de dominio, habría implementado distintas estrategias de carácter abusivo que resultarían contrarias a la libre competencia económica. 

Estas estrategias habrían dado lugar a la infracción contemplada en el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, consistente en la obstrucción a terceros al acceso de los mercados y/o canales de comercialización.

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En este caso, las conductas objeto de la investigación administrativa por las que inició el trámite la Delegatura son las siguientes:

En primer lugar, Apple habría restringido el acceso de nuevos agentes participantes en el mercado de distribución de aplicaciones digitales.

Este comportamiento se habría ejecutado mediante la imposición de cláusulas contractuales que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.

La restricción descrita habría limitado la posibilidad de que los desarrolladores distribuyeran sus propios productos, así como los de otros oferentes, por fuera del ecosistema controlado por Apple. 

Esta conducta tendría como propósito excluir a potenciales competidores y preservar la posición monopolística de Apple en el mercado de distribución de bienes digitales para los sistemas operativos iOS y iPadOS. En esa medida, cualquier persona que quisiera vender o comprar en este ecosistema solo podríahacerlo por medio de la App Store de Apple.

En segundo lugar, Apple habría obstaculizado el acceso de los desarrolladores de aplicaciones nativas para iOS y iPadOS a los canales de comercialización.

Este comportamiento se habría materializado mediante la prohibición a los desarrolladores de ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales dentro de sus aplicaciones. 

En este segundo escenario, la Delegatura encontró que Apple impondría contractualmente el uso exclusivo de su sistema de compra denominado In-App Purchase (“API” en su traducción al español) como condición obligatoria para que los desarrolladores pudieran ofrecer y comercializar dichos servicios a los usuarios o consumidores finales. 

Esta restricción, implicaría en la práctica que los desarrolladores no podrían ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales dentro de sus aplicaciones, lo que habría llevado que Apple se aprovechara de esta limitación para incrementar sus utilidades.

En virtud de esta imposición, Apple percibiría una comisión que oscila entre el 15% y el 30% del valor de cada transacción, al tiempo que prohibiría a los desarrolladores informar a los usuarios sobre métodos de pago externos potencialmente más económicos, excluyendo así cualquier canal transaccional fuera del ecosistema iOS y iPadOS.

Los comportamientos que son objeto de investigación por la Delegatura tendrían la potencialidad de afectar las dinámicas que promueven el desarrollo de la libre competencia económica, en la medida en que generarían afectaciones significativas para los desarrolladores y consumidores.

Entre los posibles efectos de las presuntas conductas anticompetitivas inicialmente identificados se resaltan: (i) la creación de barreras artificiales que dificultarían el ingreso y la permanencia de nuevos desarrolladores en el ecosistema de iOS y iPadOS; (ii) la existencia de sobrecostos injustificados en los servicios y suscripciones ofrecidos, a través de aplicaciones nativas de dicho ecosistema; y (iii) una degradación de la experiencia de usuario al limitar las funcionalidades de servicios, las opciones de pago y el acceso a información relevante.

Con el inicio de esta investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio informó en comunicado de prensa que: “ratifica su compromiso con la protección de la libre competencia en los mercados digitales, la garantía de los derechos económicos y el bienestar de los consumidores”.

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