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CIDH reiteró las medidas cautelares otorgadas a María Corina Machado
El organismo internacional destacó la obligación al régimen de Maduro de garantizar oposición sin hostilidades ni violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró la vigencia de las medidas cautelares otorgadas a María Corina Machado, dirigente de oposición en Venezuela, y condenó lo que denominó "prácticas de terrorismo de Estado".
A través de un comunicado, la CIDH destacó la necesidad de garantizar que Machado pueda ejercer su participación política sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o violencia.
Según el documento, la dirigente fue retenida en el contexto de manifestaciones organizadas por sectores opositores.
Estas movilizaciones ocurrieron en medio de un clima de tensión política y social derivado de la controversia en torno a la legitimidad del mandato presidencial de Nicolás Maduro, quien, respaldado por las autoridades electorales del país, prepara su asunción para un nuevo periodo.
El organismo internacional insistió en que las medidas cautelares otorgadas a Machado tienen el objetivo de proteger su integridad y asegurar su capacidad para desempeñar su papel en la política venezolana.
Asimismo, señaló que las acciones recientes contra la líder opositora representan una violación directa de dichas medidas.
En relación con las manifestaciones, la CIDH recordó que ha advertido previamente sobre patrones de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que han tenido lugar en días previos a protestas convocadas por la oposición.
Estas acciones, según la Comisión, buscan desalentar la participación ciudadana en actividades de rechazo al gobierno.
Por su parte, el equipo de campaña del candidato Edmundo González Urrutia, quien asegura ser el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de julio, denunció la retención de Machado como un acto que calificaron inicialmente como "secuestro".
Posteriormente, la dirigente fue liberada tras su participación en una protesta en Caracas. González Urrutia ha declarado su intención de reclamar la Presidencia, desafiando abiertamente el mandato de Maduro.
Machado, quien estuvo 133 días en la clandestinidad antes de reaparecer públicamente, lideró una movilización en Caracas que reunió a aproximadamente un millar de personas.
A través de un video difundido en redes sociales, afirmó encontrarse en un lugar seguro y reafirmó su compromiso de continuar con la lucha política junto a sus seguidores.
La CIDH condenó enérgicamente lo ocurrido y expresó su rechazo al uso de estrategias de control estatal que, según el organismo, buscan generar miedo en la población.
Además, instó al cese inmediato de la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, al tiempo que exigió la liberación de todos los presos políticos en el país.
Mientras tanto, la situación política en Venezuela permanece en un estado de alta polarización. Maduro, apoyado por un aparato institucional alineado con su gobierno, se alista para asumir un nuevo mandato.
En contraposición, González Urrutia y sus aliados continúan desafiando la legitimidad del proceso electoral y exigiendo el reconocimiento de su victoria.
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Informe de CIDH del terrorismo del Estado en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este viernes un extenso informe titulado Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, en el que denuncia la sistemática represión y el uso del terrorismo de Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro antes, durante y después de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.
A pesar de que los resultados reflejan una victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, Maduro se declaró ganador, desatando una crisis política y social sin precedentes en el país.
Un contexto represivo previo a las elecciones
El informe de la CIDH documenta cómo, en la etapa preelectoral, el régimen de Maduro implementó estrategias para limitar la participación política de la oposición y sembrar miedo entre la población.
Entre estas acciones se incluyen detenciones arbitrarias de líderes opositores, defensores de derechos humanos y activistas sociales, así como la inhabilitación de candidatos opositores a través de instituciones cooptadas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República.
El uso del aparato estatal para reprimir a la oposición también incluyó campañas de difamación, vigilancia a través de fuerzas de seguridad, y un control casi absoluto de los medios de comunicación, lo que limitó gravemente el acceso a información imparcial por parte de los votantes.
El día de las elecciones: irregularidades y opacidad
El 28 de julio, día de las elecciones, estuvo marcado por irregularidades graves. La CIDH señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión en tiempo real de los resultados y se negó a publicar las actas de votación.
Este acto desató una ola de denuncias de fraude electoral, respaldadas por datos que muestran que la oposición logró recolectar el 83.5% de las actas a nivel nacional.
Dichas actas, autenticadas con sellos y códigos de seguridad, confirmaron la victoria de Edmundo González Urrutia.
El informe resalta que la opacidad en el manejo de los resultados constituye una violación directa al derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres, justas y transparentes.
Represión violenta tras las elecciones
Luego de que Maduro se autoproclamara ganador, miles de ciudadanos salieron a las calles en protestas espontáneas.
Según la CIDH, estas manifestaciones fueron respondidas con una represión brutal. La denominada "Operación Tun Tun" se tradujo en al menos 25 asesinatos, más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de torturas.
Grupos armados pro-gobierno, conocidos como colectivos, actuaron en conjunto con las fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes, perpetrando actos de violencia indiscriminada.
Además, el régimen ordenó allanamientos ilegales y detenciones masivas en zonas donde las protestas fueron más intensas.
Conclusiones del informe: una alteración del orden constitucional
La CIDH concluye que los eventos relacionados con las elecciones presidenciales de julio de 2025 configuran una alteración del orden constitucional en Venezuela.
La falta de transparencia electoral, las restricciones a los derechos políticos y la represión sistemática evidencian que el proceso careció de legitimidad democrática.
El informe también señala que estas violaciones son posibles debido a la cooptación de las instituciones estatales por parte del Ejecutivo y a la corrupción que garantiza la impunidad de los responsables.
Recomendaciones y llamado a la comunidad internacional
En su informe, la CIDH hace un llamado urgente al régimen de Nicolás Maduro para que: Cese inmediatamente la persecución política y libere a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Restablezca el orden constitucional, garantizando la independencia de los poderes públicos.
Publique todas las actas de votación y permita una auditoría electoral independiente con observadores internacionales.
Investigue y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión también insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la crisis venezolana y a utilizar todos los canales diplomáticos e institucionales posibles para facilitar una transición democrática en el país.
El papel de la CIDH
Como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
La Comisión está integrada por expertos independientes que trabajan para documentar violaciones y emitir recomendaciones que promuevan la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en la región.
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