Washington evalúa sanciones a Colombia tras suspensión de extradición de alias ‘HH’

Una nueva crisis sacude las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Esta vez, la chispa que encendió la tensión fue la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, señalado narcotraficante y líder del grupo armado Comuneros del Sur.

Según reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, la Casa Blanca estaría considerando imponer sanciones a Colombia, en un contexto diplomático ya deteriorado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. y los roces con Bogotá por su postura frente a medidas migratorias impuestas por Washington.

Alias ‘HH’ es considerado por agencias antidrogas de ambos países como uno de los capos más influyentes del sur del país, vinculado al control de al menos 50 laboratorios de cocaína en Nariño y al decomiso de 6,5 toneladas de droga con destino a Estados Unidos. 

En una carta fechada el 9 de diciembre de 2024, el Departamento de Justicia estadounidense expresó su “profunda preocupación” por la resolución 00502, que suspendió la orden de captura con fines de extradición contra Yepes y otro líder del grupo Comuneros del Sur.

“La suspensión de la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía es una desviación de nuestra larga y fructífera relación bilateral (…) Nos preocupa que la suspensión fomente un ambiente de impunidad para los graves delitos transnacionales”, advierte el documento confidencial dirigido a la Fiscalía colombiana.

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Ante el reclamo, la fiscal general Luz Adriana Camargo defendió su decisión con base en la Ley 2272 de 2022, en el marco de los diálogos de paz. Aseguró que Yepes tenía autorización para movilizarse libremente por diez municipios de Nariño hasta el 6 de mayo de 2025, como parte de su tránsito hacia la legalidad.

Sin embargo, esta explicación generó aún más incomodidad en Washington, que ve con preocupación una aparente subordinación de la Fiscalía al Ejecutivo colombiano, lo que —según fuentes diplomáticas— podría comprometer la cooperación judicial entre ambas naciones.

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