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Teniente coronel del Ejército fue enviado a prisión por sobornar a sus subalternos
El oficial exigía dinero para expedir libretas militares y reponer inventario de intendencia.
La Justicia Penal Militar ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un teniente coronel del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Ingenieros Militares N.° 23 General Agustín Angarita, con sede en Ipiales, Nariño. La decisión se fundamenta en los delitos de concusión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en hechos ocurridos en enero de 2025.
La Fiscalía 2208 de Conocimiento Especializado presentó ante la Juez 1716 de Control de Garantías las pruebas que sustentan que el oficial habría exigido dinero a más de 30 soldados bajo su mando para reponer elementos de intendencia, condición impuesta por él mismo para la expedición de las libretas militares tras cumplir el servicio.
El fallo señala que el uniformado abusó de su cargo como comandante, aprovechando su posición jerárquica para exigir pagos en efectivo, lo cual se enmarca en una investigación nacional priorizada contra prácticas de corrupción en la Fuerza Pública. La privación de la libertad busca garantizar el curso de las indagaciones mientras avanza el proceso judicial.
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Este caso no es aislado. A comienzos de marzo, otro comandante del mismo batallón fue capturado por hechos similares y permanece detenido en un centro de reclusión en Bogotá. Ambos casos reflejan una preocupante cadena de actos irregulares en unidades militares encargadas de procesos administrativos sensibles.
En paralelo, la Fiscalía Penal Militar y Policial también capturó recientemente a un mayor del Ejército vinculado al Batallón de Ingenieros de Combate N.° 14 en Cimitarra, Santander. El oficial habría cobrado entre $800.000 y $1.000.000 por autorizar permisos personales sin los debidos requisitos legales, utilizando plataformas digitales para recibir los pagos.
Según la investigación, las boletas de salida que otorgaba eran diligenciadas con datos falsos para eludir los controles internos de la institución. La manipulación de estos documentos administrativos constituye una infracción grave, al comprometer la seguridad y la disciplina dentro de la estructura militar.
El mayor capturado será presentado ante un juez Penal Militar para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Ambos procesos siguen abiertos y en curso, bajo seguimiento de la Fiscalía Militar y Policial, en el marco de su política de lucha contra la corrupción en la Fuerza Pública.
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