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Sharon Gamarra, reina de Barranquilla, en líos por su mamá señalada de liderar contrabando de cigarrillos
La banda distribuía el producto en diferentes ciudades de la costa.
Las autoridades de Colombia han intensificado su lucha contra una red de contrabando de cigarrillos, liderada por Noreidys Judith Acevedo Cuadros, madre de la reina de Barranquilla y Nora Ligia Díaz Rivera.
Estas delincuentes, conocidas en el ámbito criminal como "la Financiera" y "la Madrina", respectivamente, han sido identificadas como las principales responsables de una operación que ha desafiado los controles aduaneros y sanitarios del país.
La operación, denominada "Frontera", se ha caracterizado por la importación de grandes cantidades de cigarrillos ilegales desde Asia, provocando una considerable pérdida de ingresos fiscales para Colombia.
La red desplegó una estrategia meticulosa para introducir los productos ilegales, empleando tácticas como el tránsito aduanero que permitía el intercambio de contenedores llenos por otros vacíos, evitando así la detección.
Los cigarrillos, una vez en suelo colombiano, eran distribuidos en varias ciudades importantes, incluyendo Maicao, Barranquilla y Santa Marta.
Este esquema no solo impactó negativamente en la economía nacional por medio de la evasión fiscal, sino que también representó un riesgo para la salud pública al comercializar productos que no cumplían con los estándares de seguridad requeridos en el país.
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La investigación, que se extendió por más de dos años, involucró a la Policía Fiscal Aduanera y la Dirección de Delitos Fiscales de la Fiscalía, quienes han logrado desmantelar parcialmente la red.
En este proceso, se han confiscado bienes valorados en más de 3.500 millones de pesos y se ha detenido a varios integrantes de la organización.
No obstante, Acevedo Cuadros y Díaz Rivera permanecen prófugas, enfrentando acusaciones que incluyen concierto para delinquir con fines de contrabando y, en el caso de Díaz Rivera, enriquecimiento ilícito.
Este caso resalta la problemática del contrabando de cigarrillos en Colombia, un fenómeno que, según informes, constituyó el 35% del mercado en 2023.
La situación llama a un reforzamiento urgente de las medidas de control y vigilancia para combatir estas actividades ilícitas, que socavan la economía y ponen en peligro la salud y seguridad de la población.
La operación Frontera ha revelado conexiones de la red en puertos estratégicos como los de Aruba y Panamá, facilitando la importación y distribución de los cigarrillos ilícitos.
La profundidad y alcance de esta red subrayan la necesidad de una cooperación internacional robusta para abordar este tipo de crimen transnacional, que afecta a múltiples jurisdicciones y tiene implicaciones globales.
Finalmente, la investigación ha desentrañado posibles vínculos entre el crimen organizado y la política local, sugiriendo que el poder económico adquirido por la red se ha utilizado para influir en campañas políticas y, potencialmente, en la toma de decisiones administrativas a nivel municipal.
Este aspecto destaca la complejidad del contrabando de cigarrillos en Colombia, que trasciende la mera actividad económica ilegal para entrelazarse con la estructura política y social del país.
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