Procuraduría emite directiva para exigir paridad de género en cargos directivos del Estado

La Procuraduría General de la Nación expidió una nueva Directiva con la que busca garantizar la paridad de género en las ramas y órganos del poder público, en cumplimiento de la Ley 581 de 2000, la Ley 2424 de 2024 y el Decreto 859 de 2025.

La directriz fue emitida por el procurador general, Gregorio Eljach, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y está dirigida a los representantes legales de las entidades de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como a organismos autónomos y de control, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de la conocida “Ley de Cuotas”.

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En el documento, el Ministerio Público recordó la vigencia de los nuevos criterios de paridad, los cuales establecen que al menos el 50 % de los cargos del Máximo Nivel Decisorio deben ser ocupados por mujeres, así como el 50 % de los cargos de Otros Niveles Decisorios. Además, se señala que en los sistemas de listas debe garantizarse la participación equitativa de hombres y mujeres, y que en el caso de ternas se debe incluir como mínimo a una mujer.

De manera enfática, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una causal de mala conducta. En consecuencia, las autoridades nominadoras que desconozcan la normativa podrán ser sancionadas con suspensión hasta por 30 días y, si persiste la conducta, con la destitución del cargo.

La Directiva también pone de relieve el rezago en la participación femenina en los cargos de mayor jerarquía. Según el informe del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de 2024, la presencia de mujeres en el Máximo Nivel Decisorio fue del 46,62 %, lo que representa una leve disminución frente al año anterior. Por esta razón, se exhortó a las entidades a reportar y mantener actualizada su información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), con el fin de fortalecer el control preventivo.

Con esta actuación, la Procuraduría reiteró su compromiso con la erradicación de la discriminación estructural, la promoción del liderazgo femenino y la consolidación de una administración pública más equitativa, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales, en concordancia con los principios del Estado Social de Derecho.

Finalmente, se informó que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con el apoyo de las procuradurías regionales y distritales, será la encargada de realizar un seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes en todo el territorio nacional.

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