Órdenes de Captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en Guatemala por el Caso Odebrecht

Este lunes, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia.

Ambos fueron requeridos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala en el marco de una investigación que los vincula con presuntas irregularidades en el manejo del caso Odebrecht cuando participaron como integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La FECI señala a Velásquez y Camargo por supuestos delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión.

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El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme 💪#FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, durante su labor en la CICIG habrían favorecido a empresarios de la constructora Odebrecht mediante maniobras jurídicas que evitaron sanciones penales en su contra, lo cual habría implicado un perjuicio patrimonial para el Estado de Guatemala estimado en más de 3 mil millones de quetzales (aproximadamente 385 millones de dólares).

La acusación se basa en resoluciones internas de la CICIG, convenios de colaboración con implicados y actuaciones judiciales que presuntamente encubrieron responsabilidades de altos funcionarios y empresarios involucrados en sobornos y sobrecostos de obra pública.

Velásquez fue comisionado de la CICIG entre 2013 y 2019. Su mandato fue ampliamente reconocido a nivel internacional por liderar investigaciones complejas que desmantelaron redes de corrupción dentro del Estado guatemalteco.

Bajo su dirección, la CICIG impulsó casos emblemáticos como “La Línea”, que condujo a la renuncia y captura del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015.

Durante su gestión se fortalecieron mecanismos de investigación penal conjunta con el Ministerio Público de Guatemala y se promovieron reformas legales para combatir la corrupción estructural.

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Velásquez se convirtió en una figura central en el esfuerzo por depurar el sistema político-judicial guatemalteco, lo que generó fuertes resistencias de sectores económicos y políticos tradicionales.

A su vez Camargo integró el equipo jurídico internacional de la CICIG como fiscal delegada y asesora técnica entre 2014 y 2017.

Su labor incluyó la elaboración de estrategias procesales, coordinación de grupos de análisis de estructuras criminales y participación directa en investigaciones penales.

Fue una de las juristas colombianas que, junto a Velásquez, promovieron la judicialización de redes ilícitas que operaban desde altas esferas del Estado.

Participó en los casos conocidos como “Construcción y Corrupción” y “Cooptación del Estado”, que involucraron a empresarios contratistas y exfuncionarios públicos por el desvío de fondos públicos a través de licitaciones amañadas.

Su trabajo fue considerado clave en la documentación probatoria y en la estructuración jurídica de los procesos adelantados en colaboración con el Ministerio Público guatemalteco.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció que se solicitó una alerta roja a Interpol para lograr la captura internacional de los exfuncionarios.

Además, se planea la solicitud formal de extradición ante Colombia, país que hasta ahora no ha emitido una respuesta oficial sobre la viabilidad de entregar a Velásquez y Camargo a las autoridades guatemaltecas.

Cabe señalar que tanto Velásquez como Camargo gozan de fuero diplomático en razón de sus actuales cargos, lo que representa un obstáculo adicional para que estas órdenes puedan ejecutarse sin una negociación previa entre los Estados.

La emisión de las órdenes de captura ha provocado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y entes multilaterales que respaldaron la labor de la CICIG.

Diversos analistas consideran que se trata de un intento de criminalizar la lucha contra la corrupción y de revertir el legado de investigaciones que afectaron intereses poderosos en Guatemala.

En Colombia, sectores académicos y judiciales han expresado inquietudes frente a los funcionarios señalados.

Aunque el gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial, se prevé que se evalúe la legitimidad jurídica y política de las solicitudes emitidas desde Guatemala.

A su vez ni Velásquez ni Camargo se han pronunciado sobre la decisión de la justicia de Guatemala.

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