Olmedo López cuestiona a la Fiscalía por falta de respaldo tras su colaboración en caso de la UNGRD

Una comunicación escrita dirigida a la Fiscalía General de la Nación y conocida en la noche del domingo ha reavivado las tensiones alrededor del proceso judicial por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la misiva, firmada por el exdirector de esa entidad, Olmedo López, se pone en tela de juicio la actuación del ente acusador frente al tratamiento procesal brindado a su testimonio en el marco de uno de los casos de desfalco más relevantes de la administración pública reciente.

El documento, de once páginas, fue revelado por la Unidad Investigativa de Caracol Noticias y contiene duras críticas por parte del exfuncionario hacia la Fiscalía, a la que acusa de haberlo abandonado en medio de un proceso judicial en el que su colaboración, según argumenta, permitió vincular a una veintena de servidores públicos, incluidos altos congresistas y miembros del círculo cercano a la Presidencia de la República.

López, condenado a más de seis años de prisión, expresa su inconformidad por la decisión de la Fiscalía de no apelar la negativa judicial a validar el preacuerdo alcanzado con su defensa, en el cual se contemplaban beneficios procesales a cambio de colaboración eficaz.

En su concepto, la inacción del ente investigador constituye un mensaje desalentador para quienes, como él, decidieron revelar detalles sobre la supuesta red de corrupción en la entidad encargada de la atención de emergencias y desastres.

“El silencio de la Fiscalía, al no apelar la decisión que tumbó el preacuerdo, deja sin respaldo al principal testigo de este proceso y debilita los avances judiciales frente a los autores de mayor jerarquía dentro de la red criminal”, afirma López en el texto, que también hace referencia al riesgo personal al que dice estar sometido por haber entregado información comprometedora.

Según su testimonio, sus declaraciones han sido clave para que la justicia investigue a por lo menos nueve congresistas, así como a funcionarios adscritos a altos niveles del Gobierno Nacional.

También subraya que fue gracias a sus aportes que se pudo iniciar la judicialización de hechos como la adquisición presuntamente irregular de carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en comunidades vulnerables del departamento de La Guajira.

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López alude también a otros actores del proceso, como el exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y el abogado Edgar Viveros, a quienes señala de haberle ofrecido aproximadamente 13.000 millones de pesos a cambio de guardar silencio.

Ambos, de acuerdo con su denuncia, habrían recibido un trato más favorable por parte del sistema judicial, incluyendo avances en principios de oportunidad y aceptación de preacuerdos, a pesar de su presunta participación en maniobras orientadas a encubrir la magnitud de los hechos.

“La Fiscalía ha favorecido con acuerdos a quienes actuaron desde las sombras o desde el poder, y ha dejado sin garantías a quien contribuyó a esclarecer la verdad institucional”, apunta el exfuncionario en uno de los pasajes más críticos de su carta.

El exdirector de la UNGRD también advierte que la caída del preacuerdo no solo pone en entredicho su propia situación jurídica, sino que podría debilitar estructuralmente las investigaciones en curso, pues, según plantea, sin su colaboración inicial no habrían salido a la luz los vínculos entre los desfalcos y varios miembros del Congreso, entre ellos los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron mencionados directamente por López en sus primeras intervenciones ante la justicia.

La carta también plantea que la “improbación del acuerdo” y la negativa a apelar esa decisión, podrían significar, en la práctica, una forma institucional de silenciar testimonios que afectan intereses de alto nivel.

“Negarle justicia al primer testigo es enviar el mensaje de que la verdad tiene consecuencias negativas para quien la revela, mientras quienes la obstaculizan obtienen ventajas judiciales”, aseveró.

En sus palabras finales, López reivindica el valor de su testimonio y su disposición inicial de colaborar con la justicia como un acto de responsabilidad institucional.

También hace un llamado a revisar la coherencia entre las políticas del Estado en materia de lucha contra la corrupción y el tratamiento otorgado a quienes contribuyen, desde adentro, a desmantelar redes delictivas dentro del aparato público.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos contenidos en el documento.

Entretanto, diversos sectores políticos y de opinión pública han comenzado a debatir el alcance de las declaraciones de López y su posible impacto en el avance de las investigaciones derivadas del caso UNGRD.

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