La historia de los tres magistrados que dictaron sentencia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la condena al presidente Álvaro Uribe Vélez está integrada por Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.

Sus hojas de vida muestran perfiles formados en el litigio y la judicatura, con pasos por despachos auxiliares de altas cortes, fiscalías especializadas y docencia, y con experiencia en evaluación de prueba compleja y en estándares de debido proceso.

La propia información institucional de la Rama Judicial confirma, además, que Ossa Sánchez funge como presidenta de la Sala Penal del Tribunal, hecho clave para entender la dinámica interna de reparto y liderazgo en ese colegiado.

Manuel Antonio Merchán se ha consolidado como un magistrado penalista de trayectoria técnica, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia y experiencia como asesor legal en capacitaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de programas de cooperación judicial (OPDAT/USAID).

La Universidad Autónoma de Bucaramanga reseña esos hitos académicos y de cooperación, que suelen asociarse con formación en análisis probatorio, técnicas de investigación y litigio adversarial.

Merchán asumió la vocería de la ponencia del caso Uribe, incluida la controversia sobre la validez de interceptaciones, lo que exhibe un rol activo en asuntos de prueba y garantías.

Ese cruce de docencia, cooperación internacional y ponencias complejas ayuda a entender por qué su nombre aparece de manera recurrente en autos y resoluciones que ordenan o validan actuaciones probatorias en macroprocesos.

A su vez Alexandra Ossa Sánchez llegó al Tribunal Superior de Bogotá por concurso de méritos y, de acuerdo con la Secretaría General del propio Tribunal, ejerce como presidenta de la Sala Penal.

Antes de asumir en el Tribunal, fue magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la jurista Patricia Salazar Cuéllar, una escuela donde se tramitan procesos de casación y se disecciona el estándar probatorio en contextos complejos.

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Esa mezcla de formación en la Corte Suprema, paso por el sistema de méritos y la presidencia de la Sala perfila a Ossa como operadora central en la gestión de agendas y deliberaciones, un factor que repercute en la coordinación de proyectos de fallo y en la unificación de criterios internos sobre test de legalidad de pruebas, nulidades y valoración de testimonios.

María Leonor Oviedo Pinto es la tercera integrante de la Sala y salvó voto. Su trayectoria combina labores en la Fiscalía y experiencia como magistrada, incluso en otro distrito judicial, y registra actuaciones como ponente en tutelas de segunda instancia dentro del propio Tribunal de Bogotá.

En el expediente 1100131090062024-00142-01, por ejemplo, figura como magistrada ponente en una decisión del 5 de noviembre de 2024, prueba documental de su ejercicio decisorio en esa corporación.

Su llegada a la Sala de Bogotá se produjo de manera más reciente —en provisionalidad— para suplir una vacancia, antecedida por su paso por la Fiscalía como investigadora y por una magistratura en Cali, lo que la ubica en el grupo de jueces con conocimiento de investigación penal en terreno y experiencia colegiada. 

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