Judicializados cabecillas de disidencias de las Farc y una funcionaria por el asesinato de líderes religiosos

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos señalados cabecillas de las disidencias de las Farc y a una funcionaria pública por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de ocho integrantes de una comunidad religiosa en zona rural de Calamar, Guaviare. Las víctimas fueron atacadas el pasado 4 de abril, tras ser acusadas falsamente de pretender conformar una estructura del ELN en la región.

Ante un juez de control de garantías fueron presentados Miller Leonardo Garrafa Neira, conocido como alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, quienes, según la investigación, serían integrantes del frente Armando Ríos, una de las estructuras disidentes que opera en el departamento.

De acuerdo con los elementos de prueba, Garrafa Neira, presunto cabecilla, habría ordenado convocar a los líderes religiosos para exigirles explicaciones sobre supuestos vínculos con el ELN, acusación sustentada únicamente en que provenían del departamento de Arauca. Los religiosos acudieron al encuentro, pero al llegar fueron retenidos por hombres armados, trasladados a la fuerza hasta una zona selvática conocida como Cofre, cerca del río Itilla, y asesinados con armas de fuego. Posteriormente, los victimarios sepultaron los cuerpos en una fosa común e intentaron borrar todo rastro del crimen.

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Alias Yucape habría sido el encargado de custodiar a las víctimas y coordinar la seguridad de los hombres que ejecutaron la masacre. También estaría implicado en las amenazas a los habitantes de la zona para impedir que denunciaran lo ocurrido o revelaran información sobre el paradero de los religiosos.

Entre tanto, Angie Liseth Jaramillo, quien trabajaba como secretaria en la Personería de Calamar, presuntamente suministró información sobre los lugares donde residían las víctimas y sobre los puntos de presencia militar en la zona, lo que habría facilitado la acción delictiva. La Fiscalía también la relaciona con la filtración de información al frente Armando Ríos sobre operativos previstos en su contra.

Por estos hechos, los tres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados y exhumados en julio de 2025 gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, que permitió su entrega a los familiares.

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