JEP remite a ‘El Enfermero’ a la UIA por negar su participación en abortos forzados en las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como ‘El Enfermero’ o ‘El Médico’, a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), luego de que el compareciente negara su participación y responsabilidad en violencias reproductivas cometidas en el marco del reclutamiento forzado de niñas y niños por parte de las antiguas Farc.

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que la situación jurídica de Arboleda deberá resolverse mediante un proceso adversarial, es decir, penal, y no a través del trámite dialógico que caracteriza los procedimientos para quienes reconocen verdad y responsabilidad dentro del sistema transicional.

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La decisión se fundamenta en que, aunque existen pruebas y testimonios contundentes que lo señalan como responsable de abortos forzados y otras formas de violencia reproductiva en el Bloque Noroccidental de las Farc-EP, Arboleda no admitió su responsabilidad y negó cualquier vínculo con la guerrilla, contradiciendo incluso fallos previos de la justicia ordinaria.

De acuerdo con la JEP, múltiples víctimas y decisiones judiciales han identificado a Arboleda como quien practicaba abortos forzados a mujeres —algunas de ellas menores de edad— reclutadas por la extinta guerrilla. La Sala recordó que estos hechos hacen parte de los graves crímenes priorizados en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

En caso de que la UIA formule acusación ante el Tribunal para la Paz, y se compruebe que Arboleda no aportó verdad plena ni reparó a las víctimas, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y perder los beneficios del sistema de justicia transicional.

Hasta el momento, la JEP ha reconocido 10.253 víctimas dentro del Caso 07, de las cuales 1.350 son individuales y 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas, lo que dimensiona la magnitud y gravedad de los hechos investigados.

La decisión marca un precedente dentro del sistema, al reafirmar que la negación de responsabilidad en crímenes graves impide acceder a tratamientos penales más favorables, y refuerza el compromiso de la JEP con la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas.

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