JEP advierte que no asumirá expedientes sin sustento y pide priorizar casos con la Fiscalía

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió al oficio enviado por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 14 de julio, en el que se pedía mayor celeridad y claridad sobre el tratamiento de miles de procesos penales asociados al conflicto armado.

En su comunicación, la JEP aclaró que no asumirá expedientes provenientes de la justicia ordinaria que se encuentren en etapas investigativas precarias o que carezcan de expectativa real de resolución. Según el tribunal de justicia transicional, trasladar masivamente casos solo para cerrarlos iría en contra de principios como la eficiencia, la economía procesal y la estricta temporalidad.

La Jurisdicción subrayó que su mandato constitucional no es tramitar cada caso de forma individual, sino identificar patrones criminales, establecer responsabilidades de alto nivel y concentrarse en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado.

La Fiscalía había expresado preocupación por el bajo volumen de expedientes priorizados en la JEP frente a un universo que supera los 223.000 casos, con 280.000 indiciados y casi 197.000 víctimas. En el macrocaso de secuestros, por ejemplo, la JEP solo ha incorporado 62 expedientes, pese a que en la Fiscalía reposan más de 6.000 investigaciones.

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En su respuesta, la JEP señaló que ha revisado más de 407.000 procesos, identificando de manera única a más de 219.000 presuntos responsables. Este análisis evidenció graves inconsistencias en los datos entregados por la Fiscalía, como registros duplicados, identificaciones incompletas y errores en la clasificación de víctimas y perpetradores.

En el plano judicial, el tribunal ha imputado a 263 máximos responsables, concedido 148 renuncias a la persecución penal desde diciembre de 2024 y remitido a más de 1.200 comparecientes no priorizados. Además, identificó 141.375 procesos relacionados con exintegrantes de las Farc-EP, con 34.249 presuntos responsables y 196.768 víctimas.

Como salida, la JEP propuso a la Fiscalía consolidar una metodología conjunta para priorizar investigaciones activas y elaborar dos inventarios: uno por macrocaso y otro por comparecientes, con el fin de avanzar en el cierre eficiente de procesos vinculados al conflicto armado.

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