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Imputan a militares y exmilitares por contratos irregulares en dispensario del Ejército en Bucaramanga
Militares habrían avalado contratos con anestesióloga sin idoneidad ni registro profesional.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco integrantes activos y nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en una contratación irregular en el dispensario médico militar de Bucaramanga, Santander, entre los años 2017 y 2022.
Según la investigación, los implicados habrían facilitado la celebración de seis contratos por un valor total de $345 millones con Daisy Carolina Sosa Hernández, quien fue contratada como anestesióloga sin cumplir con los requisitos legales para ejercer esa especialidad médica. La profesional no solo carecía del título de especialista, sino que no estaba inscrita en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), requisito indispensable para ejercer funciones clínicas en el país.
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Pese a las evidencias, los contratos fueron aprobados, en contravía de los principios de transparencia y legalidad en la contratación pública. La Fiscalía también encontró indicios de que Sosa Hernández habría presentado documentación falsa para acreditar su idoneidad profesional.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Santander imputó a los señalados, de acuerdo con su rol en los hechos, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.
Los investigados son los tenientes coroneles Edwin Alejandro Zaraza y Claudia Carolina Ramírez Murillo; el mayor Belisario Zea Quintero; los sargentos Julieth Pauline Aza Rojas y Carlos Javier García; y los exmilitares Eddy Piedad González, Jenny Paola Figueroa, Wilson Lenny Pinto Morales, Francisco Javier Castaño, Óscar Humberto Silva, Carlos Iván Ceballos, Édgar Alfredo Martínez y Jaime Alberto López, junto con la contratista Daisy Carolina Sosa Hernández.
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