Fiscalía judicializa red que usó empresas ficticias para simular operaciones por más de $843.000 millones

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de integrar una red criminal que habría simulado operaciones comerciales por más de 843.000 millones de pesos mediante la creación de 185 sociedades de papel, con el fin de evadir impuestos y apropiarse de recursos del Estado.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían constituido empresas de fachada que no contaban con capacidad económica, operativa ni logística real, pero que eran utilizadas para emitir facturas falsas a compañías del sector formal, permitiéndoles reducir la base gravable del impuesto sobre la renta y apropiarse indebidamente del impuesto al valor agregado (IVA).

La Fiscalía indicó que estas maniobras se habrían desarrollado de manera sistemática entre los años 2012 y 2022, periodo en el que se detectaron operaciones inexistentes que superarían los 843.164 millones de pesos, generando un presunto detrimento patrimonial al Estado estimado en más de 155.000 millones de pesos.

El caso fue adelantado por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), lo que permitió rastrear los movimientos financieros asociados a las sociedades investigadas.

Entre los procesados figuran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes presuntamente cumplían roles como coordinadores financieros, intermediarios y representantes legales de las empresas ficticias.

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Según la Fiscalía, uno de los indiciados, Jairo Bernal Manrique, habría administrado y transformado recursos por más de 21.744 millones de pesos entre 2014 y 2025, a los que presuntamente dio apariencia de legalidad a través de transacciones en el sistema financiero.

Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y el departamento de Casanare. A los implicados se les imputaron, según su grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

Por orden de un juez de control de garantías, cinco de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en detención domiciliaria y uno fue enviado a centro carcelario. De manera adicional, se ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas a la investigación.

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