Fiscal Rafael Curruchiche defiende legalidad de órdenes de captura contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, defendió públicamente las órdenes de captura emitidas por una sala penal contra el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.

La decisión judicial se adoptó tras una solicitud presentada por el propio fiscal en el contexto de un proceso penal que los vincula con presuntas irregularidades en el manejo de acuerdos judiciales relacionados con el caso Odebrecht en Guatemala.

Durante una entrevista concedida a la emisora Blu Radio, Curruchiche explicó que la petición fue formulada hace aproximadamente tres semanas ante la judicatura guatemalteca y que la resolución que autorizó las órdenes de aprehensión fue emitida por una sala de apelaciones de materia penal, cuyos magistrados adoptaron la decisión de forma unánime tras revisar la solicitud y valorar un conjunto probatorio compuesto por cerca de 400 medios de prueba.

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Según el fiscal, estos elementos hacen parte de un acervo mayor que supera los 4.000 documentos, registros y evidencias recolectadas durante la investigación.

De acuerdo con la narrativa de la Fiscalía, las actuaciones que comprometerían penalmente a Velásquez y Camargo se remontan al año 2017, cuando ambos hacían parte del equipo directivo de la CICIG.

El ente investigador sostiene que los entonces funcionarios habrían intervenido de manera directa en la concertación de acuerdos de colaboración con empresarios de Odebrecht, en coordinación con fiscales, abogados defensores y asesores jurídicos, lo que, a juicio de Curruchiche, configuraría una extralimitación en sus funciones y una violación a los marcos legales establecidos para el funcionamiento de la Comisión.

Entre los elementos probatorios citados se encuentra un correo electrónico que habría sido enviado por Iván Velásquez, en el cual se alude a comunicaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

Este documento habría sido entregado por un testigo colaborador, identificado en el expediente como "testigo A", quien también habría aportado grabaciones de audio y declaraciones sobre reuniones sostenidas entre exfiscales de la CICIG y representantes de la constructora brasileña.

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El fiscal sostuvo que la evidencia demostraría la existencia de coordinaciones indebidas que resultaron en la concesión de beneficios judiciales a cuatro ejecutivos de la empresa, quienes, según la versión fiscal, habrían sido exonerados de responsabilidad penal a cambio del pago de 500.000 quetzales, sin haber estado físicamente en territorio guatemalteco al momento de la formalización de los acuerdos.

Según Curruchiche, este tipo de acuerdos vulneró los procedimientos establecidos por la instrucción 5-2012 del Ministerio Público de Guatemala y el convenio bilateral que regulaba las competencias de la CICIG, los cuales establecían que únicamente el fiscal asignado y el colaborador judicial podían intervenir en las negociaciones.

En esa línea, afirmó que Luz Adriana Camargo habría acudido a las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el nivel 14 de un edificio en la Ciudad de Guatemala, para participar directamente en la estructuración de los acuerdos de colaboración, excediendo con ello las atribuciones asignadas por el mandato internacional que regulaba su rol en la Comisión.

En cuanto a la validez de las órdenes judiciales emitidas, Curruchiche indicó que la sala de apelaciones asumió legalmente la competencia luego de que el juez natural del proceso fuera recusado, acogiéndose a precedentes jurisprudenciales del sistema judicial guatemalteco.

Asimismo, al ser cuestionado sobre la independencia de la CICIG, el fiscal mencionó una comunicación de Naciones Unidas según la cual la Comisión actuaba de manera autónoma frente al organismo internacional, lo que, en su opinión, genera una controversia jurídica sobre el carácter de sus decisiones y la jurisdicción a la que debía responder.

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Las decisiones de la Fiscalía guatemalteca provocaron respuestas oficiales por parte de los gobiernos de Colombia y Guatemala. El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su rechazo a través de redes sociales, al señalar que la Fiscalía de Guatemala "obedece al crimen y no a la ciudadanía".

En términos similares se pronunció el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien calificó como "espurias" e "ilegales" las órdenes de captura, y cuestionó su fundamento jurídico y motivaciones políticas.

Ante estos pronunciamientos, Curruchiche anunció que el Ministerio Público de Guatemala abrirá una investigación contra el presidente Arévalo por presunta interferencia en la independencia del poder judicial.

El fiscal argumentó que el Ministerio Público es un órgano autónomo, y que cualquier declaración que pretenda cuestionar la validez de sus actuaciones sin haber agotado los mecanismos procesales podría ser considerada una vulneración al principio de separación de poderes.

La Fiscalía no ha revelado aún la fecha exacta de emisión de las órdenes de captura ni si ha solicitado la activación de mecanismos internacionales de cooperación judicial, como la difusión de alertas por parte de Interpol.

Tampoco se ha informado si los imputados han sido notificados formalmente o si sus defensas han presentado recursos ante los tribunales competentes.

Iván Velásquez se desempeña actualmente como ministro de Defensa de Colombia, cargo al que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.

Por su parte, Luz Adriana Camargo fue designada fiscal general de la Nación en mayo de 2024, luego de un proceso de selección que fue objeto de amplia atención en Colombia.

Ambos tienen una trayectoria destacada en el ámbito judicial y participaron activamente en procesos de investigación contra estructuras criminales y casos de corrupción transnacional durante su paso por la CICIG.

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