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Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano
Los familiares del funcionario solicitan una indemnización superior a $2.000 millones, alegando negligencia del Estado y del hotel donde ocurrió el crimen.
El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci contra el Estado colombiano —representado por el ministerio de Defensa y la Policía Nacional— y la cadena hotelera Decameron, por el asesinato del funcionario ocurrido el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.
En la acción judicial, una decena de familiares solicita una indemnización superior a los $2.000 millones, argumentando que tanto las autoridades colombianas como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente que facilitó el ataque.
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Según el documento admitido por el juzgado, la familia sostiene que la Policía Nacional no tomó medidas preventivas pese a que, de acuerdo con las investigaciones, el atentado fue planeado con varios días de anticipación. “Solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito”, señala el texto.
El escrito enfatiza que el fiscal Pecci, reconocido por su lucha contra el crimen organizado en Paraguay, debía ser considerado un objetivo de alto riesgo y que su seguridad requería mayores precauciones por parte del Estado colombiano.
La demanda también atribuye responsabilidad a Hoteles Decameron Colombia S.A.S. por presuntas fallas en sus protocolos de seguridad, al no adoptar medidas que protegieran la integridad de sus huéspedes, a pesar del perfil público del fiscal asesinado.
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