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Familia de Miguel Uribe denuncia a Augusto Rodríguez director de UNP por no atender 23 llamados de seguridad
El director de la entidad en el ojo del huracán por su pobre gestión y no atender los requerimientos para el senador víctima de atentado.
Una denuncia formal fue presentada ante las autoridades competentes contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presunta omisión en el trámite y respuesta a múltiples solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, actual aspirante a la Presidencia de la República.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Víctor Mosquera, quien representa los intereses legales de la familia del congresista.
De acuerdo con la declaración entregada por Mosquera, durante el transcurso del año 2025 fueron presentadas ante la UNP al menos veintitrés comunicaciones en las que se solicitaba la revisión y ampliación de las medidas de seguridad asignadas al senador.
Dichas solicitudes, según explicó el jurista, estaban acompañadas de informes y análisis que daban cuenta de un entorno de riesgo elevado y de la necesidad de adoptar medidas adicionales. La más reciente fue radicada el 5 de junio, dos días antes del ataque armado del que fue víctima Uribe Turbay en el norte de Bogotá.
Según explicó Mosquera, desde el año 2023, la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONER), adscrita al sistema de protección de líderes públicos, había calificado a Miguel Uribe con un nivel de riesgo extraordinario, criterio que sirvió como sustento para exigir el reforzamiento del esquema de seguridad.
Sin embargo, durante el año 2024, y pese a la oficialización de su precandidatura presidencial a partir de octubre de ese mismo año, no se realizó ninguna actualización del estudio de riesgo.
Esto, a juicio del abogado, representa un incumplimiento del deber estatal de garantizar la protección de personas en riesgo excepcional, en especial cuando se trata de actores políticos que participan activamente en escenarios de deliberación pública y electoral.
La denuncia también advierte que, a partir de enero de 2025, las respuestas emitidas por la UNP habrían consistido en comunicaciones con contenido repetitivo, sin variación sustancial en los argumentos ni disposición a revisar los elementos de riesgo actualizados.
Según Mosquera, esas respuestas utilizaban un mismo formato, limitándose a indicar que el senador no reunía los criterios establecidos para una nueva asignación de recursos logísticos o humanos.
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Esta actitud, asegura, desconoció las alertas sobre las limitaciones de movilidad, las zonas de riesgo identificadas en los recorridos de campaña y los antecedentes de amenazas recibidas.
El ataque contra el congresista, ocurrido el pasado 7 de junio, se produjo en medio de un recorrido en vía pública, cuando fue interceptado por un menor de edad que abrió fuego en su contra, dejándolo gravemente herido.
El hecho motivó el despliegue de unidades investigativas y la reactivación de protocolos de seguridad para aspirantes a cargos de elección popular.
A raíz de este incidente, el equipo legal de la familia Uribe consideró necesario acudir a la Fiscalía General de la Nación con el fin de solicitar la apertura de una nueva línea de investigación penal que permita establecer si hubo conductas omisivas atribuibles a funcionarios públicos encargados de garantizar la protección del congresista.
La denuncia presentada no solo busca que se aclare si existió negligencia administrativa por parte del director de la UNP, sino también que se determine si pueden configurarse responsabilidades penales o disciplinarias por parte de los funcionarios que, según el denunciante, ignoraron de forma sistemática las advertencias sobre un riesgo concreto.
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