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Escándalo UNGRD: Fiscalía pide cárcel para César Manrique, exdirector de Función Pública
El ente acusador advierte riesgo de fuga y obstrucción a la justicia por parte del exfuncionario, señalado de recibir $3.000 millones en sobornos por contratos con la Unidad de Gestión del Riesgo.
La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el ente acusador, Manrique representa un peligro para la sociedad, podría interferir en el proceso penal y existe riesgo de que huya del país para evadir la justicia. La fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, detalló que el exfuncionario habría recibido una comisión de $3.000 millones por favorecer la firma de contratos en 2023, entre ellos, uno para la compra de 40 carrotanques.
De acuerdo con la investigación, Manrique gestionó la reducción y liberación de $100.000 millones de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). A cambio, habría direccionado contratos hacia empresarios aliados y exigido un porcentaje del dinero liberado, cercano al 7%.
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Además, se le acusa de haber participado en una reunión clave en septiembre de 2023, junto a Olmedo López y Luis Carlos Barreto Gantiva, en la que se habría pactado el direccionamiento de los recursos y contratos derivados del convenio 9677-CV20 021 20 23.
El exdirector enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Otros implicados en el caso son el abogado Édgar Riveros, su hija Ana María Riveros, su cuñada Sonia Rocío Romero, el exasesor Jorge Aristizábal, el contratista Óscar Enrique Cárdenas y el representante legal de la Fundación Yapurutú, Édgar Echeverri Toro.
Este nuevo capítulo del escándalo de corrupción en la UNGRD refuerza las denuncias sobre el manejo irregular de millonarios recursos públicos destinados a atender emergencias y necesidades básicas de las comunidades más vulnerables del país.
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