Embargan cuentas bancarias e inmuebles del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

La Contraloría General de la República ordenó el embargo de cinco cuentas de banco y siete bienes inmuebles al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por estar presuntamente implicado en una red de corrupción que estaría dedicada al saqueo de los recursos públicos de la capital del Valle del Cauca.

Así mismo, fueron congeladas las cuentas bancarias de otras 21 personas que también harían parte de esta red. De acuerdo con la revista Semana, tiene en su poder los expedientes que dan cuenta de las posibles irregularidades en contratos por $700.000 millones. Según el medio de comunicación, el detrimento superaría los $30.000 millones. 

En este momento, las autoridades se concentran dos aspectos: un contrato para las cámaras de seguridad y otro expediente que confirmaría un saqueo a Emcali, en este último, la Contraloría ordenó embargar otras 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles tanto a contratistas como a exgerentes de dicha empresa.

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En cuanto al contrato de las cámaras de seguridad, se ha ordenado abrir un proceso al alcalde por un contrato de  $5.000 millones, de los cuales $1.500 millones nunca se ejecutaron. Además, hubo una intermediación en un convenio suscrito entre la imprenta departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento preventivo y correctivo de más de 400 cámaras de vigilancia de la ciudad.

Este problema surgió el 9 diciembre de 2020,cuando el mandatario emitió un decreto con el cual se apartaba y delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en cabeza entonces de Carlos Rojas. El contrato no se cumplió en su totalidad, el cual planteaba hacer mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia.

Por esa razón fueron vinculados como posibles responsables fiscales el alcalde de Cali, el secretario de Seguridad, el supervisor del contrato, el gerente general de Impretics y los miembros de la Unión Temporal Windetec. La Contraloría encontró pagos injustificados, pagos de actividades y elementos que debieron ser instalados en las cámaras y no hay evidencia de ello. 

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