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Desmantelan red que traficaba explosivos desde Ecuador y Perú para minería ilegal en Antioquia
Cinco personas fueron judicializadas por presunto tráfico y comercialización de explosivos usados en extracción ilegal de minerales.
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2025. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco presuntos integrantes de una red dedicada a obtener, traficar y comercializar explosivos empleados en actividades de minería ilegal en Antioquia y el Eje Cafetero.
Según la investigación, los implicados introducían al país explosivos tipo anfo, cordón detonante, detonadores y mechas de seguridad desde Ecuador, Venezuela y Perú, ocultándolos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas. Posteriormente, eran almacenados en municipios como Marmato, Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia, para su distribución en explotaciones mineras clandestinas.
Las autoridades también establecieron que la red adquiría barras de indugel desviadas de empresas legalmente constituidas, que contaban con permisos industriales para su uso, pero habrían facilitado la venta irregular del material.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Ambientales imputó a los cinco señalados los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y fabricación o porte de armas y explosivos. Ninguno aceptó los cargos.
Cuatro de los procesados cumplirán medida de aseguramiento en sus viviendas. Se trata de Elkin Giovanny Riascos Ortiz, presunto cabecilla; Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio, sus supuestos socios; y Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría facilitado sus cuentas bancarias para el manejo del dinero ilegal.
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Entre tanto, John Wilderman Franco Herrera, señalado como uno de los transportadores, permanecerá en un centro carcelario debido a otro proceso penal vigente en su contra.
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que Riascos Ortiz y Velásquez Valencia también administraban una mina y una planta de beneficio en Marmato (Caldas) que operaban sin los permisos legales y ambientales requeridos.
La Agencia de Periodismo Investigativo (API) informó que esta operación hace parte de la estrategia interinstitucional para frenar el uso de explosivos en economías extractivas ilegales, una de las principales fuentes de contaminación y deforestación en el país.
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