Defensoría del Pueblo advierte sobre fallas en el control de armas tras atentado a Miguel Uribe

La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia contundente tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, alertando sobre fallas críticas en el control del porte, uso y comercialización de armas en Colombia. Según el organismo, los recientes hechos de violencia registrados en ciudades como Bogotá y Cali demuestran que las bandas criminales tienen acceso cada vez más fácil a armamento de alto poder.

A través de un comunicado enviado a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la entidad afirmó que persisten graves desafíos tanto para el Gobierno nacional como para las autoridades distritales en el control del armamento ilegal. “Estos episodios reflejan una realidad preocupante: las organizaciones criminales están accediendo con facilidad a armamento letal”, señaló la Defensoría.

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El atentado contra el senador Uribe en la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue citado como ejemplo del riesgo que enfrentan no solo los líderes políticos, sino también los ciudadanos en un entorno donde el tráfico de armas fortalece el accionar de estructuras criminales. La entidad subrayó que la situación debe ser abordada como una amenaza estructural a la seguridad pública.

En respuesta, la Defensoría solicitó medidas urgentes y coordinadas entre el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Además, recomendó mejorar la capacidad investigativa para identificar patrones criminales y actuar frente a posibles hechos de corrupción que facilitan el acceso a armas.

El organismo también hizo un llamado a reforzar los controles sobre el tráfico ilegal de armamento en Bogotá, como paso necesario para evitar nuevos episodios de violencia. Destacó la importancia de que las instituciones garanticen los derechos fundamentales de las comunidades que hoy se encuentran en riesgo.

La alerta de la Defensoría se emite en medio de un ambiente de creciente inseguridad en las principales ciudades del país. El organismo recalcó que los hechos recientes no pueden verse como casos aislados, sino como síntomas de un fenómeno que requiere una respuesta estatal inmediata y articulada para frenar el avance de estructuras armadas ilegales.

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