Crisis en Medicina Legal: denuncian alteración de pruebas, cadáveres descompuestos y fallas en morgues

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses atraviesa una crisis estructural que amenaza con impactar la administración de justicia en Colombia. Informes internos, denuncias sindicales y testimonios de funcionarios describen un panorama de deterioro institucional caracterizado por presuntas alteraciones de pruebas, manejo inadecuado de cadáveres y condiciones laborales precarias en distintas sedes del país.

De acuerdo con documentos internos a los que tuvo acceso Semana, una auditoría adelantada en 2024 reveló presuntas irregularidades en la conservación y custodia de elementos materiales probatorios.

En la sede de Cali, los peritos hallaron evidencias cruciales —como muestras de sangre, armas blancas, cuerdas y prendas— almacenadas sin cadena de custodia ni refrigeración adecuada.

El informe documentó que parte de ese material estaba incluso oculto en baños o depositado en neveras transitorias, sin identificación ni embalaje conforme al protocolo.

El exdirector de la entidad, Carlos Eduardo Valdés, calificó estos hallazgos como hechos que podrían constituir un delito. Según su análisis, la pérdida o alteración de pruebas compromete la integridad científica de los procesos judiciales y requiere la intervención inmediata de la Fiscalía y la Procuraduría.

La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo por parte de la Organización Sindical de Trabajadores de Medicina Legal, que el 29 de septiembre remitió un oficio detallando fallas graves en la conservación de cadáveres y en el funcionamiento de las morgues.

En la comunicación se advertía sobre la entrega de cuerpos en avanzado estado de descomposición, con el consecuente riesgo de demandas por daño antijurídico.

El sindicato señaló que en sedes de clima cálido, como Barranquilla, Barrancabermeja y Cali, los sistemas de refrigeración permanecen dañados desde hace meses, alcanzando temperaturas de hasta 22 grados centígrados, cuando deberían mantenerse entre 2 y 4 grados.

En esas condiciones, los cadáveres se descomponen rápidamente y generan un ambiente insalubre. Un funcionario que pidió reserva de identidad describió que el olor es insoportable y que, además del riesgo sanitario, el personal enfrenta afectaciones físicas y psicológicas.

En Barrancabermeja, donde la temperatura promedio supera los 33 grados, los médicos deben realizar necropsias sin ventilación, debido al daño de los equipos de aire acondicionado.

Los empleados afirman que, por falta de recursos, los sistemas no han sido reparados ni reemplazados, lo que acelera la putrefacción de los cuerpos. Algunos trabajadores reportan que las familias reclaman al recibir cadáveres en estado avanzado de descomposición.

Las fotografías obtenidas por la revista evidencian la sobreocupación de las neveras y el almacenamiento de cuerpos en el piso, unos sobre otros, en contravía de los protocolos de dignidad y trazabilidad.

Los expertos consultados subrayaron que cada cuerpo debe estar individualizado, identificado y dispuesto en un espacio delimitado, tanto por razones sanitarias como por la integridad de la investigación judicial.

El exdirector Valdés sostuvo que esas imágenes reflejan una vulneración del respeto debido a los fallecidos. Recordó que los cadáveres, además de conservar un valor humano, constituyen material probatorio y deben resguardarse con rigor técnico y ético.

Las denuncias también alcanzaron al Ministerio del Trabajo. Los empleados han reportado afectaciones en su salud derivadas de la exposición continua a altas temperaturas, gases en descomposición y falta de ventilación.

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Los reportes incluyen casos de estrés, ansiedad, cefaleas y lesiones físicas por la manipulación de cuerpos en espacios reducidos y mal acondicionados.
Paralelamente, trabajadores de la entidad pidieron a la Contraloría General investigar once contratos suscritos en Bogotá, Bucaramanga y Norte de Santander, en los que presumen irregularidades.

Según fuentes internas, la petición busca determinar el uso de los recursos asignados al mantenimiento de infraestructura y equipos.

Frente a las denuncias, el nuevo director del Instituto, Ariel Emilio Cortés, señaló que no existen denuncias formales por corrupción en los contratos.

Indicó que las investigaciones sobre alteración de pruebas ya están en manos de la Procuraduría y la Fiscalía, y que se adelantan planes de reparación en los sistemas de refrigeración.

También afirmó que la acumulación de cadáveres responde a un fenómeno nacional y que está siendo tratada en coordinación con alcaldías y gobernaciones.

El funcionario, posesionado el 16 de octubre, aseguró que revisará con detalle cada queja y priorizará la recuperación de los equipos técnicos y las condiciones laborales.

Sin embargo, reconoció que la entidad atraviesa un periodo prolongado de abandono presupuestal y que los salarios de su personal resultan inferiores a los de otros organismos del sector judicial.

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