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Corte ordena a Petro pedir disculpas a periodistas por llamarlas "muñecas de la mafia"
El Alto Tribunal dio cinco días al presidente para ofrecer excusas públicas por sus palabras, calificadas como violencia simbólica y discriminación de género.
La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y ofrecer disculpas a las mujeres periodistas del país, luego de considerar que sus declaraciones durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, constituyeron una forma de violencia simbólica y discriminación de género.
El fallo establece que el mandatario deberá cumplir la orden en un plazo máximo de cinco días, mediante una alocución presidencial exclusiva sobre el tema.
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La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte, con ponencia de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, tras revocar fallos previos del Consejo de Estado que habían declarado improcedentes las tutelas interpuestas.
La controversia se originó el 30 de agosto de 2024, cuando Petro, al referirse a la cobertura mediática de las protestas sociales, expresó que “Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”.
Según el Alto Tribunal, estas palabras vulneraron los derechos fundamentales de las comunicadoras a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación.
El proceso judicial se derivó de dos acciones de tutela: una interpuesta por Germán Calderón España y otra por un grupo de mujeres periodistas representadas por un apoderado judicial. Ambas fueron acumuladas y estudiadas en conjunto por la Corte, que concluyó que el lenguaje del mandatario “no está protegido por la libertad de expresión” al constituir una forma de violencia que perpetúa estereotipos y discriminación de género.
El fallo también ordena incluir una nota aclaratoria en el video y en la transcripción oficial del discurso original, en la que se reconozca que las expresiones que asociaron a las periodistas con “muñecas de la mafia” y las responsabilizaron de construir la tesis del terrorismo en la protesta “no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”.
La Corte enfatizó que los servidores públicos, especialmente el jefe de Estado, tienen la obligación constitucional e internacional de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia simbólica y digital.
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