Condenan a exgobernador del Chocó, David Mosquera, por peculado agravado

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, David Emilio Mosquera Valencia, a 92 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía.

La sentencia también le impone la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo, una multa de 4.444,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad perpetua para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado. La Corte negó la suspensión condicional de la pena y su sustitución por prisión domiciliaria, y ordenó librar orden de captura una vez la sentencia quede en firme.

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La investigación se remonta a las resoluciones 0715 y 2003, expedidas el 1 de agosto y el 4 de diciembre de 2002, respectivamente, cuando Mosquera Valencia era gobernador encargado. A través de estos actos administrativos, reconoció y ordenó el pago de cesantías definitivas y sanción moratoria a 50 personas identificadas como exfuncionarios del extinto Fondo Educativo Regional (FER) del Chocó.

Dichos documentos fueron usados como título ejecutivo por la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena, quien logró que, entre 2008 y 2009, la Gobernación del Chocó pagara $2.208 millones en el marco de un proceso ante el Juzgado Primero Laboral de Quibdó.

Durante el juicio, la Corte comprobó que Mosquera actuó de manera dolosa, pues carecía de competencia para ordenar esos pagos, como lo establece el artículo 93 del Decreto 1222 de 1986, que limita las funciones de los gobernadores encargados a asuntos urgentes. 

Además, varios pagos carecían de reclamación administrativa, no fueron notificados, no contaban con certificado de disponibilidad presupuestal y contenían información falsa sobre los supuestos beneficiarios, incluyendo a una persona que nunca tuvo vínculo con la entidad.

La Sala concluyó que las resoluciones fueron producto de un procedimiento manifiestamente irregular, lo que anuló su validez y convirtió en ilícitos los pagos realizados con base en ellas. Esta decisión representa un nuevo capítulo en los esfuerzos del alto tribunal por sancionar la corrupción en la administración pública.

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