Condenan a 11 años de prisión a exdirectivos de Chiquita Brands por financiar a las AUC

En un fallo histórico y a pocos meses de que prescribiera el caso, el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands a 11 años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, en relación con el financiamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia impone una multa de $13.879 millones y ordena la captura inmediata de los procesados.

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El juicio, que logró culminar con sentencia condenatoria pese al riesgo de prescripción, representa un hito para la Fiscalía General de la Nación y confirma que los implicados sabían y respaldaban la conformación de estructuras paramilitares en el norte del país. 

Entre los condenados figuran Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.

La sentencia de 172 páginas, proferida por la jueza Diana Lucía Monsalve, también absolvió a tres exdirectivos de Banacol al no haberse demostrado su responsabilidad en los hechos enunciados por la Fiscalía. En su fallo, la jueza negó beneficios como la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena, argumentando que el delito cometido tuvo un impacto directo en la prolongación del conflicto armado.

“La financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto al Estado y la paz social. El aporte de esos recursos prolongó la capacidad operativa de las AUC y con ello el riesgo de más crímenes”, señaló Monsalve.

Las víctimas de la multinacional bananera, quienes durante años denunciaron los vínculos de Chiquita Brands con los paramilitares, exigieron justicia y condenas efectivas. En palabras de Marissa Vanlsing, activista que acompañó el proceso: “Normalmente, los casos de derechos humanos contra empresas terminan en acuerdos; no dejan que lleguen al fallo, pero este caso es diferente”.

La sentencia en Colombia llega después de que, en 2024, un jurado de Estados Unidos ordenara a Chiquita Brands pagar US$38 millones a familias víctimas de las AUC en un juicio civil aún en apelación. Este fallo local refuerza el enfoque de justicia transnacional y envía un mensaje claro: las empresas pueden ser penalmente responsables por apoyar a actores armados ilegales.

Con esta decisión judicial, Colombia da un paso relevante en el reconocimiento de la responsabilidad empresarial en el conflicto armado, una deuda histórica con las miles de víctimas que aún esperan verdad, justicia y reparación.

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