Alrededor de 4.000 pruebas fueron encontradas en investigación contra Daniel Quintero

La Fiscalía 133 de la Unidad Anticorrupción presentó un escrito de acusación con más de 3.930 pruebas que buscan demostrar un entramado de presunta corrupción en torno al predio Aguas Vivas, en Medellín, y que tiene como principales señalados al exalcalde Daniel Quintero, nueve de sus exfuncionarios y tres particulares.

Según la investigación, en diciembre de 2019 el terreno de 147.000 metros cuadrados fue transferido gratuitamente a la Alcaldía como cumplimiento de obligaciones urbanísticas. Sin embargo, durante la administración de Quintero se intentó que el Distrito pagara más de 40.500 millones de pesos a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y al particular Juan Manuel Villegas, a pesar de que el lote ya era un bien fiscal.

El ente acusador sostiene que varios exsecretarios y subsecretarios participaron en actuaciones que favorecieron esta transacción, lo que derivó en imputaciones por interés indebido en la celebración de contratos. Entre los procesados figuran Ingrid Vanessa González, Yina Marcela Pedroza, Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez.

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Los particulares Moreno, Rueda y Villegas, vinculados a las firmas privadas, fueron acusados como presuntos coautores de peculado. El Ministerio Público también señala vínculos de estos empresarios con figuras políticas de peso en Antioquia, como el exgobernador Luis Pérez, lo que podría evidenciar la mezcla de intereses económicos y políticos en la operación.

En una segunda línea de investigación, la Fiscalía apunta a un decreto firmado en mayo de 2023 por Quintero y su secretario General, Fabio Andrés García, que cambió las condiciones urbanísticas de Aguas Vivas. La medida eliminó restricciones para construir en altura y aumentó la densidad de ocupación, lo que, según la Fiscalía, configuraría prevaricato por acción y peculado en favor de terceros.

La base probatoria incluye peritajes técnicos de funcionarios de carrera que advirtieron la inviabilidad de la conciliación con los dueños de Aguas Vivas, además de correos, informes de inspección judicial y evidencias fotográficas. A esto se suman 48 testimonios que refuerzan la hipótesis de que hubo un plan articulado para apropiarse de recursos públicos.

La Alcaldía de Medellín, reconocida como víctima, pedirá que el caso sea priorizado en los despachos judiciales. Tras la radicación del escrito, se espera la citación a audiencia de acusación, donde el juez dará inicio formal al juicio oral.

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