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Abren investigación formal a juez que otorgó libertad condicional a Emilio Tapia
Funcionaria judicial de Barranquilla es investigada por la decisión que benefició al contratista condenado y por presunta demora en resolver una apelación.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril concedió libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de Centros Poblados.
La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la juez al considerar que no se cumplieron los requisitos legales para otorgar el beneficio.
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El ente de control citó varias disposiciones, entre ellas el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que obliga a que las entidades públicas perjudicadas se constituyan en parte civil en este tipo de procesos.
Con base en estos argumentos, el 22 de abril de 2025 la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias para abrir una actuación disciplinaria. A comienzos de mayo se ordenó la indagación preliminar y, el pasado 17 de septiembre, tras recopilar información, se dispuso la apertura de una investigación formal.
La medida cobija tanto las circunstancias en que se concedió la libertad condicional como una presunta mora en la resolución del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
Como se recuerda, Emilio Tapia fue señalado como el “cerebro” de la operación que permitió a la Unión Temporal Centros Poblados acceder a un anticipo de 70 mil millones de pesos mediante falsas garantías bancarias. Ese dinero, correspondiente a un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a zonas rurales, terminó desaparecido.
El caso continúa generando cuestionamientos sobre las decisiones judiciales que rodean al contratista, uno de los principales implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción en materia de contratación estatal en Colombia.
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