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Abren incidente de desacato contra el presidente Petro por no retractarse de polémicas declaraciones
El Alto Tribunal tomó la decisión tras constatar que el mandatario no ofreció disculpas por tildar de “victimarios” a ciudadanos que protestaron contra su gobierno en noviembre de 2024.
La Sección Quinta del Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por incumplir la orden de retractarse públicamente de sus declaraciones contra manifestantes que lideraron protestas contra su gobierno. El fallo le exigía disculpas formales a través de redes sociales, plazo que el mandatario dejó vencer sin pronunciamiento alguno.
El origen del proceso se remonta a una publicación en la red social X en noviembre de 2024, en la que el presidente calificó como "victimarios" a quienes se movilizarían en una jornada de protesta.
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Sus expresiones fueron consideradas ofensivas y lesivas contra el derecho a la honra, dignidad y buen nombre de los ciudadanos, según lo alegó el demandante Josías Fiesco Agudelo en una acción de tutela.
El Consejo de Estado le dio la razón al ciudadano, al considerar que aunque las expresiones del mandatario son opiniones protegidas por la libertad de expresión, sí vulneraron derechos fundamentales y, por tanto, ordenó que el presidente ofreciera disculpas públicas en un plazo de cinco días. Estas debían ser divulgadas a través de su cuenta personal en X, la cuenta oficial de la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Sin embargo, al comprobarse el incumplimiento de esa orden judicial, la corporación resolvió: "Es necesario disponer la apertura formal del incidente de desacato contra el señor Gustavo Petro Urrego, en su condición de Presidente de la República, pues es la persona encargada de cumplir con la orden impartida", señala el documento.
El incidente de desacato puede tener consecuencias disciplinarias si el Consejo de Estado concluye que hubo desobediencia deliberada a una orden judicial. La decisión revive el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la responsabilidad que tienen de garantizar el respeto por los derechos de quienes ejercen la protesta social.
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