Cantante Gerardo Ortíz reconoce presentaciones para narcotraficantes y sus aliados

Gerardo Ortiz, intérprete de música regional mexicana, reconoció su responsabilidad en un caso vinculado a la violación de una norma federal en Estados Unidos.

Durante el proceso judicial que se lleva a cabo en una corte de Los Ángeles, el cantante aceptó haber participado en actividades comerciales y ofrecido espectáculos para un promotor en México identificado como asociado de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La Fiscalía estadounidense presentó estos hechos en el marco del juicio contra Ángel Del Villar, exdirector ejecutivo de Del Records, a quien se le acusa de infringir la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, también llamada Ley Kingpin.

Esta legislación establece restricciones para ciudadanos y compañías de Estados Unidos con el fin de impedir cualquier tipo de relación comercial con individuos señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ortiz fue uno de los primeros músicos en ser representados por Del Records, un sello discográfico con sede en Estados Unidos que ha trabajado con múltiples exponentes del género regional mexicano.

Durante la audiencia inicial del juicio contra Del Villar, el fiscal federal adjunto Alexander Schwab señaló que Ortiz admitió ante la corte haber cometido el delito de conspiración para llevar a cabo transacciones financieras con una persona sancionada por el Departamento del Tesoro.

Además, informó que el cantante colaborará con la Fiscalía proporcionando su testimonio en contra del exdirectivo de la compañía discográfica.

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La investigación detalla que, en 2018, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a Ortiz para notificarle que Jesús Pérez Alvea, conocido como "Chucho" Pérez, había sido designado oficialmente como persona vinculada al tráfico de drogas conforme a las disposiciones de la Ley Kingpin.

Con base en esta clasificación, quedaba prohibido para ciudadanos y empresas estadounidenses establecer relaciones comerciales con él.

Según la Fiscalía, tras recibir la notificación, Ortiz evaluó la posibilidad de cancelar sus presentaciones organizadas por Pérez.

Sin embargo, Del Villar lo habría persuadido de continuar con su agenda de conciertos. Entre 2018 y 2019, el artista llevó a cabo 19 espectáculos adicionales bajo la promoción de Pérez, quien en ese momento era objeto de sanciones por su presunta relación con actividades de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su testimonio, Ortiz describirá los encuentros que sostuvo con agentes del FBI, en los cuales le explicaron que no debía seguir participando en eventos organizados por Pérez.

También detallará que Del Villar le ordenó ignorar las advertencias de las autoridades y continuar con las presentaciones.

En el marco de este caso, las autoridades arrestaron en junio de 2022 a Del Villar y a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, por su supuesta participación en estas actividades.

La denuncia inicial presentada ante la corte establece que en abril de 2018 un músico representado por Del Records actuó en un evento organizado por Pérez en México.

Las investigaciones incluyen registros de transacciones que, según la Fiscalía, refuerzan la acusación. Entre las pruebas presentadas, se identificó el uso de una tarjeta de crédito a nombre de Del Villar para cubrir los costos de un vuelo privado que trasladó al músico desde el aeropuerto de Van Nuys, en California, hasta Aguascalientes, donde se llevó a cabo la presentación.

Además de este evento, la acusación señala que entre 2018 y 2019 se realizaron cuatro conciertos más en México bajo la promoción de Pérez.

Las ubicaciones incluyeron Baja California, Guanajuato y Chiapas. Los documentos judiciales detallan que Ortiz participó en estos eventos con el conocimiento y bajo la dirección de Del Villar, Scalisi y Pérez.

El proceso judicial continúa en una corte federal de Los Ángeles, donde la Fiscalía busca demostrar que Del Villar incumplió la normativa estadounidense al mantener relaciones comerciales con un individuo sancionado por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas.

Se espera que el testimonio de Ortiz y la presentación de pruebas documentales sean elementos clave en el desarrollo del caso.

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