Sindicatos de SAE: plantean peticiones por más de $132.000 millones y ponen en vilo viabilidad de la entidad

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Estado colombiano y encargada de administrar los bienes incautados a estructuras criminales, enfrenta una situación crítica derivada de solicitudes presentadas por organizaciones sindicales que surgieron durante la administración de Daniel Rojas Medellín, quien dirigió la entidad entre septiembre de 2022 y julio de 2024 y actualmente ocupa el cargo de ministro de Educación.

Durante el tiempo en que Rojas estuvo al frente de la SAE, se constituyeron seis sindicatos. Uno de ellos, el Sindicato Popular de Trabajadores de la SAE (Siptrasae), respaldado activamente por su administración, presentó un pliego de peticiones cuya implementación tendría un impacto económico estimado en más de 130.000 millones de pesos. Esta cifra sobrepasa con holgura el presupuesto anual de funcionamiento de la entidad, que asciende a 120.000 millones de pesos, reportó Semana.

Entre las solicitudes consignadas por Siptrasae se encuentra la exigencia de una licencia de maternidad remunerada de un año, la cual también debería aplicarse al padre bajo las mismas condiciones.

Asimismo, se plantea que la entidad pague una suma de 60 millones de pesos al sindicato como contraprestación por su participación en las negociaciones.

A lo anterior se añaden solicitudes de cubrimiento de viáticos, alojamiento y otros gastos asociados, que tendrían carácter permanente mientras se prolongue el proceso de negociación, el cual no cuenta con un límite temporal establecido.

Además de los requerimientos económicos, el sindicato ha manifestado su negativa al cumplimiento de las metas comerciales asignadas anualmente, bajo el argumento de que estas imponen una carga de trabajo excesiva que, según su criterio, pone en riesgo la estabilidad profesional y emocional de los trabajadores.

Las metas comerciales hacen parte integral de la operación de la SAE, ya que la entidad tiene la responsabilidad de gestionar bienes que han sido objeto de medidas judiciales, incluyendo procesos de extinción de dominio.

Dichos bienes pueden ser enajenados, arrendados o entregados en administración a terceros, operaciones que requieren la actuación directa de los funcionarios.

La imposibilidad de alcanzar estas metas tendría efectos directos en el recaudo, lo que a su vez podría comprometer el financiamiento de programas vinculados a la lucha contra el narcotráfico, en cumplimiento de la legislación vigente.

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Adicionalmente, se ha reportado que dentro de la entidad se estaría desarrollando una modalidad de protesta conocida como “Operación Tortuga”, promovida por los sindicatos, que ha repercutido en la ejecución oportuna de actividades esenciales como la entrega de inmuebles, desalojos, ocupaciones o procesos de comercialización. Esta estrategia estaría ralentizando el cumplimiento de tareas fundamentales para el funcionamiento de la SAE.

Voceros al interior de la entidad indicaron que el pliego sindical parece diseñado para extender las negociaciones y llevar el conflicto laboral ante un tribunal de arbitramento.

Esta medida, en caso de concretarse, podría demorar la resolución del diferendo por tiempo indefinido. Mientras tanto, los trabajadores que forman parte del sindicato quedarían protegidos por la figura del “fuero circunstancial”, mecanismo legal que impide su desvinculación o la imposición de nuevas condiciones laborales, lo cual les permitiría continuar con las acciones de desaceleración sin mayores consecuencias.

Se ha señalado que varias de las personas que lideran estos sindicatos fueron beneficiadas con ascensos, bonificaciones o acuerdos laborales durante la administración de Rojas. Incluso después de su salida de la SAE, su vínculo simbólico con la entidad fue evidenciado cuando, el pasado 18 de marzo, participó en una marcha convocada por el presidente Gustavo Petro en favor de la reforma laboral, vistiendo una chaqueta oficial de la institución que ya no dirigía desde hacía varios meses.

Ante las exigencias económicas contenidas en los pliegos, la junta directiva de la SAE ya ha rechazado cualquier posibilidad de adición presupuestal.

No obstante, los efectos del conflicto sindical ya se hacen notorios en el funcionamiento cotidiano de la entidad, cuya estabilidad operativa podría verse afectada si no se resuelve la situación en un plazo razonable.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) es una empresa pública colombiana, constituida como sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Su creación se formalizó mediante el Decreto 4155 del 3 de noviembre de 2011, con el propósito de asumir las funciones que anteriormente desempeñaba la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que fue liquidada debido a múltiples irregularidades en la administración de bienes incautados.​

La misión principal de la SAE es administrar, mantener y enajenar los bienes que han sido objeto de medidas cautelares o extinción de dominio, garantizando una gestión eficiente y transparente.

Estos bienes incluyen inmuebles urbanos y rurales, vehículos, semovientes, joyas y otros activos de valor que han sido incautados en procesos judiciales relacionados con actividades ilícitas.

La correcta administración de estos activos busca que los recursos obtenidos se destinen a programas de inversión social y a la lucha contra el crimen organizado.​

La SAE cuenta con una planta de personal dimensionada para atender los volúmenes de operación y facilitar el crecimiento ordenado de la entidad. En 2016, la Junta Directiva autorizó una planta de 383 cargos.

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