SIC aprobó la fusión de Movistar y Tigo: así ganan los usuarios y el sector de las telecomunicaciones en Colombia

La autorización de la integración empresarial entre  Tigo (Millicom–UNE) y Movistar (Colombia Telecomunicaciones) se ha convertido en uno de los procesos más sensibles para el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.

Aunque la discusión pública se ha centrado en los riesgos de concentración y en la posibilidad de un duopolio frente a Claro, el análisis regulatorio y técnico muestra que, bajo ciertas condiciones, la integración produce beneficios concretos tanto para el sector como para los cerca de 35 millones de usuarios que hoy están en las redes de Tigo y Movistar.

La unión entre Tigo y Movistar marca un punto de inflexión en el mercado colombiano de telecomunicaciones: da lugar a un segundo jugador con músculo suficiente para competir con Claro, el actual líder en inversión, cobertura y oferta.

En un mercado que opera como un monopolio de hecho, esta integración abre un nuevo capítulo para una competencia real.

Posición dominante

Durante más de una década, Claro ha mantenido una posición dominante, concentrando cerca del 45% de los ingresos del sector y beneficiándose de ventajas estructurales como escala, espectro y cobertura. Fortaleciéndose dada la inacción de los reguladores.

Según la CRC, el operador dominante obtiene un beneficio por usuario de 5.270 COP, más de cuatro veces superior al de sus competidores.

Esta asimetría limita la capacidad de los demás actores para competir en condiciones equitativas, especialmente en inversión e innovación, y repercute negativamente en los consumidores al reducir la diversidad de ofertas y la presión competitiva sobre los precios.

El punto de partida es que Tigo y Movistar no comienzan de cero. Desde 2023 la SIC ya autorizó un acuerdo para desplegar una red móvil compartida de acceso, que permite a ambas compañías hacer más eficiente el uso del espectro y la operación de sus redes, con el compromiso de beneficiar a 35 millones de usuarios en más de 700 municipios del país mediante una mejora en cobertura y calidad del servicio.

A esto se sumó la participación conjunta, como unión temporal, en la subasta de espectro 5G de 2023, donde obtuvieron 80 MHz en la banda de 3.500 MHz, una de las más relevantes para el despliegue de esa tecnología.

El acuerdo

En febrero de 2024 ambas empresas firmaron un acuerdo marco para desarrollar una red unificada de acceso móvil en Colombia, bajo una compañía de infraestructura de propiedad común.

En 2025 el paso siguiente dejó de ser solo técnico para convertirse en un debate de competencia: Tigo y Movistar solicitaron autorización para integrar más allá de la infraestructura, en una operación de concentración entre el segundo y tercer operador del mercado móvil.

El Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) han emitido conceptos en los que reconocen que la integración puede generar eficiencias, pero advierten sobre riesgos de asimetrías y concentración que deben ser corregidos mediante condicionamientos.

El caso WOM

En este contexto, WOM se ha presentado como defensor de la competencia, pero su historia en Colombia revela un patrón de conducta que busca beneficios del Estado en lugar de competir en igualdad de condiciones.

Como antecedente, durante el Gobierno de Iván Duque, WOM cometió un "error" de digitación en la subasta de espectro de 2019, ofertando $ 1.7 billones de pesos que nunca pagó.

En una decisión sin precedentes, se le permitió retractarse pagando una sanción irrisoria en comparación. El Estado colombiano dejó de percibir recursos vitales para el Fondo de TIC por esa decisión.

WOM es una empresa con capital extranjero, que ha sido el mayor beneficiario de la flexibilidad del Estado mal entendida.

Recientemente, en su proceso de reorganización, logró que el Gobierno le otorgara una reducción del 30% en sus obligaciones de despliegue de 5G y le ampliara el plazo para pagar hasta 18 años.

“Este "descuento" no es gratis: se traduce directamente en un menor número de escuelas y comunidades rurales que quedarán sin la conectividad prometida. Es inaceptable que una empresa, rescatada financieramente y a quien le han perdonado sus obligaciones con el Estado, exija imponer condiciones regulatorias asfixiantes a una operación que busca precisamente corregir distorsiones que ella misma ha aprovechado. Piden para otros la rigidez que nunca se les ha aplicado a ellos. No hay que dejarse engañar por estos intentos de desviar la atención de sus propios incumplimientos y de su historia de beneficios estatales, buscando que la regulación le garantice una supervivencia que no ha podido asegurar por sí misma en el mercado”, conceptuó un conocedor del proceso.

Beneficios para el sector

Desde la perspectiva del sector, uno de los beneficios centrales es la escala. Colombia tiene un mercado intensivo en inversión en redes fijas, móviles y, ahora, en 5G. Mantener infraestructuras paralelas en las mismas zonas encarece los costos de operación y limita la capacidad de los operadores más pequeños para sostener ciclos de inversión prolongados.

Tigo y Movistar han explicado, en sus comunicaciones corporativas, que la integración de redes busca “hacer más eficiente la gestión de las redes actuales” y utilizar la nueva empresa como vehículo para el despliegue de nuevas tecnologías.

La red unificada permitiría reducir duplicidades en torres, radio bases, transmisión y mantenimiento, liberando recursos para expandir capacidad, modernizar equipos y cumplir obligaciones regulatorias de cobertura y calidad.

Esa consolidación de infraestructura ya se ha traducido en metas concretas. Informes técnicos y análisis especializados señalan que, con la colaboración de redes, la red 3G de Movistar podría pasar de 5.000 a 8.000 sitios, y la 4G de 6.000 a más de 10.000, lo que implica un salto significativo en la disponibilidad de señal, especialmente en áreas donde hoy el servicio es inestable o inexistente.

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Estas ampliaciones de red, ejecutadas por una sola compañía de infraestructura para dos operadores comerciales, reducen costos promedio por usuario y facilitan la planificación de inversiones de largo plazo, un factor clave en un mercado presionado por la caída de ingresos por voz tradicional y el auge de aplicaciones OTT.

Otro beneficio sectorial tiene que ver con la capacidad de construir un contrapeso real a la posición dominante de Claro.

Visión foránea

Un análisis internacional recuerda que, la compra de la mayoría de Movistar Colombia por parte de Millicom que integra plenamente el negocio móvil, el nuevo conglomerado podría llegar  alrededor del 37 % del mercado, frente a un 52,8 % aproximado de Claro.

Aunque persiste el riesgo de un duopolio entre Claro y la nueva empresa, varios expertos señalan que, sin un segundo jugador fuerte, la capacidad de competir en precios, paquetes y cobertura frente al operador dominante sería aún menor.

En esa lógica, la integración Tigo–Movistar se configura como un intento de equilibrar la cancha, siempre que la regulación mantenga espacios para otros actores como WOM, ETB y los operadores móviles virtuales (OMV) que atienden nichos específicos.

En materia de 5G, el beneficio estructural está en la rapidez de despliegue. Un solo operador de infraestructura para dos marcas reduce el tiempo de instalación de sitios, simplifica negociaciones con municipios y propietarios de predios, y permite utilizar de forma más intensa y coordinada el espectro radioeléctrico.

La unión temporal Tigo–Movistar ya cuenta con 80 MHz en la banda de 3,5 GHz, y se ha proyectado que esta capacidad será la base para ofrecer servicios de alta velocidad, baja latencia y mayor capacidad, tanto a usuarios masivos como a clientes empresariales que demandan soluciones de nube, internet de las cosas y redes privadas.

Para el sector, esto supone entrar en una fase donde los modelos de negocio se apoyan más en servicios digitales avanzados que en la venta tradicional de minutos y datos.

Impacto en los usuarios

El impacto para los usuarios se ve, en primer lugar, en la cobertura. Las propias empresas han indicado que con la integración del acceso móvil se beneficiarán los 35 millones de usuarios móviles de Tigo y Movistar en más de 700 municipios del país.

En la práctica, eso significa que un cliente que hoy sufre zonas de “sombra” con uno de los operadores podría acceder a la red reforzada por la infraestructura combinada, con menos caídas de señal, mejor recepción al interior de viviendas y menos congestión en horas de alta demanda, como en eventos masivos o temporadas vacacionales.

En segundo lugar, la calidad del servicio también puede mejorar en velocidad y estabilidad. Las ampliaciones de sitios 3G y 4G, sumadas al despliegue progresivo de 5G, se traducen en tiempos de descarga más cortos, videollamadas más estables y menor latencia para servicios sensibles como juegos en línea y aplicaciones empresariales.

Una red unificada permite distribuir de forma más eficiente las cargas de tráfico entre celdas y optimizar inversiones en actualización de equipos, en vez de duplicar infraestructura en las mismas zonas urbanas.

Un tercer beneficio potencial para los usuarios está en los precios y los planes. Al conformar un competidor más robusto frente a Claro, la nueva empresa tendría mayor margen para diseñar paquetes convergentes fijo–móvil, con descuentos por volumen y ofertas integradas de servicios de fibra, TV, telefonía e incluso contenidos.

Para el usuario final, el escenario ideal es uno en el que la integración permita reducir costos de operación y ampliar la escala, lo que abre espacio para mantener tarifas estables o incluso más bajas, al tiempo que se elevan las velocidades de conexión y se amplía la cobertura, especialmente en áreas rurales o apartadas.

Los análisis de mercado reseñan que una consolidación bien regulada puede traducirse en mayor bienestar del consumidor, siempre y cuando haya condiciones claras que impidan abusos de posición dominante y se preserve la viabilidad de competidores alternativos.

El sector corporativo

También hay beneficios para segmentos específicos. Los usuarios corporativos, pymes y entidades públicas podrían acceder a soluciones integradas de conectividad, nube y seguridad digital sobre una red más robusta y con mayor redundancia.

El despliegue de 5G abre la puerta a aplicaciones de ciudades inteligentes, telemedicina, gestión de flotas, agricultura de precisión y automatización industrial.

Sobre una red fragmentada, esos proyectos suelen enfrentar más obstáculos técnicos y contractuales; sobre una infraestructura unificada, la coordinación se simplifica y los tiempos de implementación se reducen.

En términos financieros, la integración puede fortalecer a un actor que ha atravesado dificultades. Tigo–UNE ha enfrentado en los últimos años retos de capitalización y discusiones con accionistas públicos y privados por la necesidad de inyectar recursos para sostener su operación.

Una fusión con Movistar, acompañada de eficiencias en red y una base de clientes más amplia, podría mejorar la sostenibilidad financiera del conjunto, disminuir la probabilidad de salidas abruptas del mercado y dar mayor estabilidad a usuarios y trabajadores.

Para el sector, tener menos operadores pero más sólidos puede ser preferible a una multiplicidad de jugadores frágiles que no logran cumplir las exigencias regulatorias y de calidad.

Entre las medidas que se han discutido están obligaciones de ofrecer acceso a la red unificada en condiciones no discriminatorias a otros operadores y OMV, restricciones a ciertos empaquetamientos y compromisos en materia de precios mayoristas de roaming nacional.

De hecho, trascendió que uno de los ejes de negociación con la SIC es justamente el precio de roaming nacional, herramienta clave para garantizar que operadores más pequeños puedan seguir prestando servicio sin quedar marginados frente a la nueva escala de Tigo–Movistar.

En suma, la fusión Tigo–Movistar llega en un momento en el que el sector de telecomunicaciones colombiano enfrenta una tensión doble: por un lado, la presión por invertir en 5G, aumentar cobertura y mejorar calidad en todo el territorio; por otro, la necesidad de mantener condiciones de competencia suficientes para evitar abusos y garantizar que la reducción de costos se traduzca en beneficios reales para los usuarios.

La decisión de la  SIC marca el rumbo del mercado en la próxima década. Ahora el país tiene un segundo operador de talla comparable a Claro, una infraestructura más eficiente y una red apta para soportar los servicios digitales del futuro, al tiempo que se protegen los espacios de participación de otros jugadores.

Para los usuarios, el resultado deseable se resume en cuatro elementos: más cobertura, mejor calidad, tarifas competitivas y mayor oferta de servicios innovadores sobre redes 4G y 5G.

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