Santa Marta: condenan a siete años a implicado en escándalo del hotel Irotama

Desde 2006, antiguos empleados y altos directivos del reconocido Hotel Irotama Resort se vieron envueltos en una disputa legal después de presentar una demanda, argumentando que sus vecinos (el terreno adyacente donde ahora se ubica el hotel Mercure) no tenían visible su licencia de construcción.

Este viernes se hizo pública la sentencia que enfrentarán los involucrados en el escándalo, quienes estaban inmersos en un prolongado litigio. Se les acusó de fraude procesal y falso testimonio en relación con la controversia sobre la solicitud y expedición de una licencia de construcción por parte de la empresa Hecol en 2007, para comenzar la construcción de un complejo hotelero junto al Irotama.

Por los hechos, un juez penal de conocimiento condenó a siete años de prisión al exrepresentantes legal Héctor Mario Díaz Herrera; y a cuatro de sus entonces empleados, Margarita María Perdomo, José Alfredo Noche Ramirez, Carmen Cecilia Parra Meza y Rubén Darío Sosa Álvarez; por su participación en diferentes maniobras ilícitas que buscaban obstruir el avance de un proyecto urbanístico.

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En su momento, el promotor de la iniciativa cumplió con todos los requisitos exigidos por la curaduría urbana. Sin embargo, el individuo ahora sentenciado impugnó la resolución que concedió el permiso para el nuevo complejo, presentando documentación falsa para argumentar que no se habían realizado los actos de comunicación requeridos, como la instalación de vallas que anunciaban las distintas etapas del proceso de aprobación.

"La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción también acreditó que Margarita María Perdomo, en su rol de secretaria de presidencia del Grupo Empresarial, respaldó las actuaciones de su entonces jefe y convenció a tres trabajadores para que mintieran y declararan en contra del proyecto multifamiliar", dijo la Fiscalía.

Por todo lo anterior, Héctor Mario Diaz Herrera y Margarita Maria Perdomo fueron condenados por el delito de fraude procesal; mientras que los demás involucrados fueron declarados responsables del delito de falso testimonio.

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