Gobierno traslada el costo del salario mínimo a trabajadores con nuevo decreto pensional

El año 2026 comenzó con la expedición de un nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional, mediante el cual se introducen cambios sustanciales en la forma en que se financia el impacto del salario mínimo sobre las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia.

Se trata del Decreto 1485, firmado por el Ministerio de Hacienda, que modifica el mecanismo conocido como “deslizamiento del salario mínimo”.

Esta figura permite a la Nación cubrir el diferencial que se genera cuando el incremento del salario mínimo supera las proyecciones sobre las cuales las aseguradoras calculan las mesadas vitalicias.

El ajuste normativo excluye al Estado de una parte del esquema de cobertura que había asumido desde 2016, lo que representa un traslado de costos hacia los futuros pensionados.

En términos operativos, mientras la inflación y la productividad seguirán siendo cubiertas por el ahorro individual de los afiliados, el componente discrecional que antes era financiado con recursos públicos pasará ahora a ser asumido directamente por los ciudadanos.

De acuerdo con los gremios del sector pensional, como Asofondos y Fasecolda, esta transformación normativa tendrá efectos directos en la cobertura, el valor de las pensiones y la sostenibilidad del sistema.

Según lo señalado por ambas asociaciones en una comunicación dirigida al Ministerio de Hacienda, el decreto incrementa los requisitos económicos para acceder a una pensión mínima bajo renta vitalicia, pues el monto requerido de ahorro se eleva de aproximadamente 350 millones de pesos a cerca de 550 millones.

Esto significaría, en la práctica, que muchos trabajadores tendrían que extender su vida laboral entre 15 y 20 años adicionales.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, manifestó que esta nueva fórmula representa un cambio en la lógica que ha regido el sistema durante más de una década, al dejar de lado el respaldo estatal para cubrir el impacto del salario mínimo.

A su juicio, se produce un encarecimiento sustancial de la pensión mínima, lo que en consecuencia reduce la posibilidad de que un gran número de colombianos puedan pensionarse bajo este mecanismo.

Por su parte, Fasecolda advirtió que los afiliados que logren alcanzar una pensión también enfrentarán una reducción en el monto de la mesada.

Con el mismo capital acumulado, que antes permitía obtener una pensión cercana a $1.800.000, ahora solo se tendría acceso a una mesada equivalente al salario mínimo, es decir, $1.423.500.

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Esta diferencia representa una reducción aproximada del 30 % en el ingreso mensual del pensionado.

Ambos gremios coincidieron en que esta situación no obedece a variaciones en los ingresos o el historial laboral de los trabajadores, sino a una decisión normativa que, en su opinión, debilita la capacidad del sistema para garantizar ingresos adecuados en la etapa de retiro.

Según explicaron, el desmonte de la participación estatal en la cobertura del incremento salarial implica que los aportes individuales deban aumentar hasta en un 30 %, lo que afectará especialmente a las personas de menores ingresos, que enfrentan mayores dificultades para cumplir con las exigencias de capitalización.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, anunció que el gremio interpondrá una demanda judicial contra el decreto, al considerar que sus implicaciones comprometen la estabilidad del sistema pensional y violan principios de sostenibilidad y equidad.

De igual forma, Asofondos expresó su respaldo a estas acciones jurídicas, argumentando que se debe proteger el interés de los trabajadores ante una medida que, según sostienen, responde a un interés de ajuste fiscal de corto plazo en detrimento de los derechos construidos en el marco del régimen pensional.

Velasco advirtió que, si bien el objetivo del Gobierno sería reducir el impacto presupuestal que tiene la cobertura del salario mínimo sobre las rentas vitalicias, no es admisible que esta carga se traslade de forma abrupta a los ciudadanos.

Según su análisis, la decisión desconoce el trabajo técnico y financiero realizado desde hace más de diez años para fortalecer el esquema de rentas vitalicias como alternativa de aseguramiento para la vejez.

La expedición del Decreto 1485 reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano y sobre el papel que debe asumir el Estado en la garantía de ingresos en la etapa de retiro, especialmente para quienes solo alcanzan a cotizar lo suficiente para acceder a una pensión mínima.

Mientras el Gobierno argumenta que la medida busca corregir desequilibrios técnicos y financieros acumulados, los sectores gremiales consideran que se rompe el pacto institucional que había permitido consolidar un modelo de aseguramiento con participación pública y privada.

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